Sri Lanka celebra haber eludido una investigación por crímenes de guerra
Sri Lanka celebraba ayer su victoria diplomática en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde escapó de una posible investigación por crímenes de guerra durante su ofensiva contra los Tigres tamiles, una decisión que levantó un clamor de indignación.
GARA |
La resolución especialmente clemente con Sri Lanka aprobada el miércoles en sesión extraordinaria por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue acogida con enorme satisfacción por el Gobierno cingalés. El texto, que alaba la política de las autoridades de Colombo respecto a los miles de tamiles desplazados, le insta a realizar «esfuerzos» en materia de derechos humanos y sólo aborda las violaciones de derechos humanos cometidas por la guerrilla, sin mencionar ninguna investigación por crímenes de guerra. Esta declaración suscitó un clamor de indignación entre las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales.
El ministro cingalés para los Derechos Humanos, Mahinda Samarasinghe, presente en Ginebra, aseguró que «se han reconocido los esfuerzos del presidente para erradicar el terroris- mo y el éxito de la mayor operación del mundo de rescate de rehenes». «Es un mensaje muy claro -dijo-: la comunidad internacional apoya a Sri Lanka».
El titular de Asuntos Exteriores, Rohitha Bogollagama, se jactó de lo que consideró «un gran éxito en términos de relaciones internacionales» que demuestra que su país tiene «un amplio apoyo en el mundo».
Al inicio de los debates en Ginebra, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, había reclamado una «investigación internacional, independiente y creíble (...) para comprobar las circunstancias, naturaleza y amplitud de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario» tanto por parte del Ejército cingalés como de la guerrilla tamil.
Fue ella la primera en advertir, en marzo, que «algunas acciones de los militares y de los Tigres tamiles podrían ser consideradas crímenes de guerra y contra la humanidad» y fueron estas denuncias las que motivaron la sesión extraordinaria del Consejo sobre Sri Lanka.
Asociaciones humanitarias acusaron al Ejército de bombardear a civiles y al LTTE de utilizarlos como «escudos humanos» entre enero y abril, acusa- ciones que ambos negaron. La ONU calcula que en cuatro meses fallecieron 7.000 civiles tamiles y 300.000 desplazados se encuentran confinados en campos controlados por el Ejército.
Afrenta de Colombo
Varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos expresaron su indignación por la resolución del Consejo de la ONU, que la consideran una afrenta infligida por Colombo y sus aliados a la comunidad internacional.
Estas organizaciones denunciaron el «doble rasero» de quienes impulsaron el texto aprobado, que son más o menos los mismos que se movilizaron en enero a favor de una sesión extraordinaria sobre Gaza con motivo de la ofensiva israelí, al considerar que los civiles estaban atrapados en la zona de combates.
Human Rights Watch (HRW) calificó de «mensaje de felicitación» la resolución y señaló que la coalición que la impuso «minó el objetivo mismo» de este órgano, que es reunirse ante situaciones urgentes. Criticó que ni siquiera expresara su preocupación respecto a los centenares de miles de personas que «sufren una detención indefinida en los campos del Gobierno».
La ONU volvió a pedir el acceso sin restricciones a los 44 campamentos de desplazados internos ubicados en Vavuniya, Mannar, Jaffna y Tricomalee, tras reiterar su preocupación por el bienestar de los miles de civiles tamiles recluidos en ellos, unos 290.000.
Una joven madre tamil refugiada en un campamento en el norte de Sri Lanka muestra la fotografía de su hijo herido en la cabeza y desaparecido desde el final, hace diez días, de la ofensiva militar contra la guerrilla del LTTE. Las familias desesparadas son legiones en el gigantesco campo de Manik Farm, donde 170.000 tamiles viven hacinados en condiciones deplorables, privados de libertad de movimientos salvo para acudir a los hospitales, ociosos y, sobre todo, separados de sus seres queridos.
A principios de mayo, en plenos combates, Shrivachandran Jeyshan, de dos años, sangraba abundamente de la cabeza y fue entregado a los soldados, que prometieron a sus padres llevarlo a curar. «Ayúdenos a encontrar a nuestro bebé», pide su padre, Ratnam Rasiah, a un periodista de France Presse, mientras su mujer, sentada a su lado, solloza.
Otra refugiada, A. Jalini, asegura que su marido y su hija adolescente fueron detenidos y llevados a una prisión militar a mediados de mes, tras escapar milagrosamente de la zona de guerra. «Los soldados dijeron que eran sospechosos de pertenecer al LTTE», se lamenta. El Gobierno cingalés anunció el martes tener detenidos a 9.100 presuntos ex guerrilleros.
Este campo de desplazados es, según la ONU, «el más grande del mundo», y está vigilado por el Ejército y rodeado de altas alambradas de espino. Las autoridades recluyeron a 300.000 refugiados en lo que llama «pueblos de ayuda». Las entradas las custodian guardias armados.
«Es como una prisión a cielo abierto», asegura Jayakumar Rajaduraï, un agricultor tamil que señala a los soldados protegidos por parapetos hechos con sacos de arena.
El debate sobre Sri Lanka dividió al Consejo en dos bloques. Por un lado, los países occidentales más México y Chile y, por otro, los africanos, asiáticos y latinoamericanos, liderados por Beijing, el principal aliado de Colombo.
