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Informe anual de la CSI sobre los derechos sindicales
En 2008, 76 sindicalistas murieron y se recortaron los derechos laborales
En 2008, según la Confederación Sindical Internacional, fallecieron 76 sindicalistas, se produjeron miles de despidos y arrestos y la represión de trabajadores en huelga se produjo en decenas de países. El mundo laboral va a peor.
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Juanjo BASTERRA | BILBO
La Confederación Sindical Internacional (CSI) confirma en su última publicación anual sobre «Las violaciones de los derechos sindicales» que están empeorando las condiciones laborales y la defensa de los trabajadores en todos los países del mundo.
El informe, que se refiere a los datos recogidos en 2008, muestra un panorama desolador en el que los empresarios y los gobiernos ponen cada vez más trabas para que los derechos laborales se cumplan. Todo esto ocurre dentro de un escenario de crisis económica mundial, por lo que la CSI reclama respeto a los trabajadores para poner fin a estos despropósitos.
Colombia, el más peligroso
El informe detalla abusos de los derechos fundamentales de los trabajadores en 143 países. Un total de 76 sindicalistas «fueron asesinados por llevar a cabo acciones en defensa de los trabajadores» y «muchos otros fueron agredidos físicamente, sometidos a acoso e intimidación o arrestados por las autoridades». La CSI apunta que se redujeron las muertes, ya que en 2007 fueron 91 los sindicalistas que fallecieron, pero destaca el aumento de sindicalistas muertos en Colombia. «Es el lugar más peligroso del planeta para los sindicalistas», afirma la CSI, que recuerda que en 2008 hubo 49 sindicalistas fallecidos -10 más que en 2007-, «a pesar de que la administración del presidente, Álvaro Uribe, garantizó que la situación estaba mejorando». Otros nueve murieron en Guatemala, «donde se ha recrudecido la actividad antisindical». Cuatro fallecieron en Filipinas y otros cuatro en Venezuela. Tres más en Honduras, dos en Nepal y uno en cada uno de estos cuatro países: Panamá, Nigeria, Túnez y Zimbabwe.
El secretario general de la CSI, Guy Ryder, señaló que «está claro que los gobiernos de cada una de las regiones están fracasando a la hora de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, y, en varios casos, ellos mismos son responsables de la fuerte represión de estos derechos». En esta línea, añade que «el hecho de que ciertos países como Colombia, Guatemala y Filipinas aparezcan año tras año en la lista de asesinatos indica que las autoridades son incapaces de asegurar una protección adecuada, y en ocasiones llegan a ser cómplices de unos empleados sin escrúpulos en la perpetración de los asesinatos».
El informe indica que se registraron 7.500 casos de despidos de trabajadores implicados en actividades sindicales en 68 países. La CSI explica, sin embargo, que estos problemas que se han detectado son «la punta del iceberg, ya que muchísimos despidos de representantes de los trabajadores no se registran». En este caso, Turquía sobresalió con dos mil casos de despido y un Gobierno «que persiste en su intolerancia frente a las actividades sindicales».
El segundo país por despidos de sindicalistas es Indonesia, con 600, y «cientos fueron también despedidos en Malawi, Pakistán, Tanzania y Argentina». El CSI señala que «las repercusiones de la situación económica mundial en los derechos de los trabajadores ha sido un rasgo prominente en muchos países». Destaca este grave problema en África, donde se produje- ron «severas reacciones por parte de los gobiernos contra los trabajadores que intentaban obtener mejoras salariales al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras cada vez más altas de familias incapaces de alimentarse convenientemente». En este sentido, muchos de los trabajadores afectados en ese continente pertenecen al sector agrícola.
También recuerda que a finales de 2008 «se empezaron a notar los efectos de la crisis financiera global, que implicó una opresión aún mayor en la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo».
Por último, recuerda que en las zonas francas industriales «aumentó la tendencia a la explotación y al ataque de los derechos de los trabajadores». Destaca esta situación negativa, entre otros países, en México, Polonia, El Salvador, Honduras y Jamaica.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) considera «muy preocupante» la evolución negativa que se está produciendo en el mundo del trabajo y de las relaciones laborales. Así, el informe de 2008 pone de manifiesto «las inquietantes tendencias con relación a los derechos laborales en los países industrializados», ya que «se recurre cada vez más al empleo de la mano de obra temporal y precaria, y de agencias de subcontratación». Esa realidad en el mundo laboral industrializado genera, según la organización internacional, «una merma de los ingresos, las condiciones y derechos en el trabajo» que, por otro lado, terminan afectando a la cadena total del empleo.
«Cientos de millones de personas trabajadoras, tanto en países en desarrollo como en los industrializados, ven denegados sus derechos fundamentales de libertad sindical y de negociación colectiva», precisa Guy Ryder. Para quienes tienen empleos precarios, recalca que «esas negaciones causan estragos en sus vidas, dado que se ven obligados a trabajar jornadas larguísimas en situaciones peligrosas o insalubres, a cambio de unos ingresos tan bajos que no logran mantenerse a sí mismos, ni a sus familias».
El responsable de la organización internacional afirma que «la falta de respeto por los derechos de los trabajadores ha supuesto la mayor desigualdad en todo el mundo, y esto ha contribuido a que se dispare la recesión económica mundial». Por ello, Guy Ryder urge a «darle la vuelta a esta situación cuanto antes para evitar que se degrade más». J. BASTERRA
143
de los 157 países donde hay organizaciones sindicales adscritas a la Confederación Sindical Internacional (CSI) se han producido «abusos» de los derechos fundamentales de los trabajadores.
60%
de las muertes de sindicalistas en el mundo en 2008, que ascendieron a 76 fallecidos, correspondieron a Colombia, que es «el país más peligroso para la práctica sindical», según denuncia la organización internacional que censura la labor de su presidente Álvaro Uribe.
30%
de temporalidad en el Estado español, es uno de los niveles mayores de la UE. Significa para la CSI que los empleadores condicionan la negociación colectiva por esa enorme precariedad que se produce, pero es aún mayor entre los trabajadores inmigrantes, ya que alcanza al 63%.
Una de las situaciones que destaca el informe anual de la CSI de 2008 es que la elevada temporalidad del mercado laboral del Estado español «afecta de forma negativa» a la negociación colectiva. Recuerda que es de los estados de la Unión Europea que tiene mayor porcentaje de contratos temporales, de los que dos terceras partes corresponden a inmigrantes.
«Esta situación influye de forma determinante sobre las condiciones laborales de estos trabajadores. Aprovechando la inseguridad sobre su futuro, el empleador obliga a aceptar condiciones laborales que no se ajustan al marco legislativo a los trabajadores con un contrato temporal, y más en el caso de ser inmigrante». Para la CSI este hecho supone «un chantaje».
Incide en que «aunque en teoría los trabajadores temporales son contratados en el marco fijado por un convenio sectorial, donde están expuestas sus condiciones laborales, en la práctica, la negociación colectiva es sustituida por acuerdos individuales entre el empresario y el trabajador en los que, naturalmente, el trabajador se ve prácticamente obligado a aceptar lo que se le ofrece».
Critica, asimismo, que la última reforma laboral de 2006 para reducir la temporalidad no ha conseguido el efecto anunciado «porque el empleo temporal sigue siendo elevado», y denuncia que en el Estado español, aunque es aplicable al resto de países, «algunas grandes multinacionales abusan de su posición para atentar contra los derechos de los sindicatos, por ejemplo, amenazando con trasladarse, si se ven afectadas por alguna acción sindical».
En relación al Estado francés, la Confederación Sindical Internacional afirma que la llegada a la presidencia de Nicolás Sarkozy ha generado una actividad inusual en contra de los representantes de los trabajadores para impedir que las reclamaciones de mejoras de las condiciones de trabajo sean protagonistas de la vida social y económica. J. BASTERRA