El libro, editado por Omal y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Hegoa, «Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos» tiene 761 páginas. De forma exhaustiva, su autor analiza el poder político, el económico y el jurídico de la empresa transnacional que «sólo defiende sus intereses comerciales y que tienen más poder que los gobiernos, que le sirven con leyes y determinadas actuaciones liberalizadoras».

¿Las transnacionales están expoliando los recursos y explotando a los trabajadores en América Latina?

Claro. Hay una expoliación total, porque previamente ha habido una desregulación de la legislación. Se ha permitido la pista de despegue de las compañías, con apoyo de los gobiernos, y una pista de aterrizaje de esas transnacionales también con apoyo de los gobiernos. La legislación internacional de los Derechos Humanos es muy frágil ante el poder económico de esas grandes empresas. Me pregunto por qué no hay un tribunal internacional que juzgue a las transnacionales. Es una pregunta retórica, obviamente.

¿Cómo se pone freno a tanto poder concentrado en pocas manos?

Creo que llegará si se potencia la acción sindical y social. Tenemos que tejer redes contrahegemónicas. Es un tema de largo alcance. El derecho internacional es frágil. Está la OIT, la OCDE, la ONU con su «Global Compact», que son diez principios que indican si una transnacional es socialmente responsable, pero la conclusión es obvia: esa legislación es una tomadura de pelo. Porque es un sistema jurídico muy blando que lo único que hace es lavar la cara a las transnacionales, atrofia y coloniza la buena voluntad que existe en las Naciones Unidas ante este problema.

¿Qué control hace la ONU de las transnacionales?

Se basa en los diez principios del «Global Compact», que son un brindis al sol. Están dadas de alta en ese control las multinacionales más violadoras de los derechos humanos, de los medioambientales y las que más explotan a los trabajadores. Así es. Obtienen una mejor posición en la responsabilidad social corporativa, porque pagan a un montón de gente para estar en los primeros puestos. El problema es que la ONU ha quedado contaminada, atrofiada y absolutamente coartada por el dinero de las transnacionales.

¿Se sabe la cuantía económica que sale de América Latina por la actividad de las multinacionales?

No. Es muy difícil. Soy jurista, no economista, pero es difícil conocer esa cuantía. Porque, si analizamos la actividad de BBVA, ¿cuanto crédito barato ha dado? Nada. Sólo apoya a la gran empresa. Al ciudadano de a pie le ofrece intereses altísimos. Esa es otra de las cuestiones en las que sería necesaria mayor transparencia, para que se sepa cuándo, dónde y cómo han ganado tanto dinero.

¿Hay esperanza de que cambie esta situación que denuncia?

En América Latina hay una mejora importante en cuanto a la lucha contra la transnacional. Se está creando conciencia. Perú es uno de los casos que están ahí en este momento. Estoy obsesionado por pactar con los sindicatos para que se sumen a esta acción. Tendríamos que hacer juicios como el de Managua contra Unión Fenosa para que se vean sus impactos. Me gustó la filosofía de la huelga general para hacer frente a esa globalización económica. Hay que dar pasos en esa dirección.