Idoia ERASO

El colectivo Cap'Eau del Aturri-Garona, que está formado por asociaciones sociales con distintas finalidades y objetivos, ha presentado trece proposiciones sobre diferentes áreas de la gestión del agua, que van desde el ámbito económico al medioambiental. A través de este documento quieren aportar «su grano de arena para que se desarrolle una nueva política del agua en las cuencas del Aturri y el Garona».

Estas propuestas fueron presentadas hace tres meses a la Agencia Aturri-Garona que recolecta, gestiona y reparte el agua a siete millones de usuarios, entre los cuales se encuentran los 300.000 de Ipar Euskal Herria. El director adjunto de la agencia, Bruno Cinotti, ha declarado que la renovación del Esquema Director del Acondicionamiento de la Gestión de las Aguas (SDAGE) «será más ambicioso que el anterior», que fue establecido en 1996. La publicación del nuevo SDAGE se realizará a finales del 2009 y regirá la política de la institución entre el 2010 y el 2015. Para activarlo serán necesarios entre 25 y 35 millones de euros. El director adjunto se refiere también al trabajo que han llevado a cabo las asociaciones del colectivo Cap'Eau: «Han jugado un papel en el debate técnico y político y eso siempre es necesario».

Sobre las propuestas que recibieron de mano de Cap'eau, Cinotti declara que «algunas ya están en marcha, otras se van a a activar con la revisión y otras se están debatiendo. Pero todas no se podrán poner en marcha».

Entre las propuestas del colectivo, el representante de Bio d'Aquitaine Thomas Erguy se refiere al fomento de la agricultura ecológica para evitar la contaminación de las aguas, debida a la utilización masiva de fertilizantes. Explica que en la zona de Jurá, que hace frontera con Suiza, se han otorgado ayudas económicas a los agricultores que se sitúan en las zonas de captación. Gracias a ello la presencia de nitratos y pesticidas en el agua se ha reducido en un 50%, lo que ha supuesto una gran reducción de los costes en la purificación del agua, que cuesta únicamente 0'01 céntimos de euro por metro cúbico. Una vez facilitados los datos, advierte que «ellos son los primeros interesados».

El director adjunto de la agencia Aturri-Garona responde que ya existen incentivos para impulsar a los agricultores a hacer la transición al Bio, pero que muchos agricultores no las piden. Cinotti también menciona otra de las propuestas del colectivo, referente a la limpieza de las aguas contaminadas por los propios agricultores. Sobre este tema declara que «es imposible de instaurar porque el 80% de los agricultores no podría trabajar».

El colectivo también aborda el tema de la contaminación del litoral. Hacen referencia a un estudio hecho por la fundación Surfrider, según la cual el 20% de las playas de la costa del Estado francés podrían descalificarse como aptas para el baño. Para solucionar este problema proponen desarrollar una política contra la contaminación río arriba y que forme parte de la visión global sobre la gestión del agua que tratan de implantar.

También mencionan a los macrodesechos. Proponen a las instituciones que desarrollen un trabajo en equipo con las asociaciones que llevan años realizando acciones en este ámbito. También hacen un llamamiento para que la normativa europea considere estos macrodesechos como una verdadera contaminación y no como una molestia.

Las propuestas también hacen referencia a los humedales como infraestructuras naturales que cumplen con muchas funciones medioambientales. Denuncian que en las últimas décadas muchos de ellos han desaparecido. Las centrales hidroeléctricas, la industria o la irrigación también se citan entre los ámbitos que podrían modificarse para crear una política del agua más respetuosa.

Una nueva depuradora en Lapurdi

La Mancomunidad del Sur de Lapurdi está llevando a cabo la construcción de una nueva depuradora en la costa de Urruña y dos piletas para hacer frente a las necesidades de limpieza del agua. Las infraestructuras actuales, que cubren las necesidades de una población de 50.000 habitantes, están claramente saturadas. Como consecuencia de esta situación, estos últimos años la mancomunidad se ha visto obligada a verter agua no tratada al mar alrededor de seis veces al año, cuando la legislación establece que debe de reducirse a dos sesiones anuales como máximo.

Las razones dadas por los responsables de la mancomunidad para explicar la construcción de estas nuevas infraestructuras son varias. Se menciona la calidad de las aguas para el baño ligadas al turismo, la ilegalidad y la imposibilidad de continuar en el futuro con el crecimiento urbanístico, en caso de que no se puedan cubrir las necesidades básicas en la depuración de aguas residuales.