La operación desarrollada el sábado por el Ministerio de Interior español, en la que desde el primer momento se advertían tintes propagandísticos, concluyó ayer con la puesta en libertad de más de la mitad de los detenidos por esta causa y con auto de encarcelamiento contra el abogado Iñaki Goioaga, el preso político vasco Jorge García Sertutxa y su compañera Ana Paz Cinos. Esta última dejará la prisión de Soto, a la que fueron enviados los tres, cuando abone una fianza de 60.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska les acusa de haber participado en 2007 en la elaboración de un supuesto plan de fuga de la prisión de Huelva. En el auto de nueve folios en el que decreta su ingreso en prisión, Marlaska asegura que García Sertutxa utilizó las comunicaciones mantenidas en prisión con su compañera y abogado para ponerse en contacto con ETA para proponer la evasión. Sin embargo, ni se ejecutó la idea ni constan pruebas materiales reales de ella.

Por encima de ello, el juez imputa al preso un delito de «quebrantamiento de condena en grado de tentativa», mientras acusa a Goioaga de «colaboración» con ETA en un grado que podría alcanzar la «integración».

Asimismo, se señala que el supuesto «plan fue incautado en la documentación intervenida tras la detención en Burdeos en mayo del año pasado de Xabier López Peña, Thierry. Según se recoge, Arkaitz Goikoetxea, ayudado por Jurdan Martitegi y varios «legales», pretendería sacar de la cárcel a García Sertutxa y otro preso sin identificar en un helicóptero, para refugiarse luego en Portugal.

Marlaska resalta que el plan fue abortado con la detención de Goikoetxea el año pasado, pero ni siquiera imputa al preso político de Algorta por estos hechos. Dice que no hay pruebas suficientes para acreditar su participación, dejando por tanto en entredicho la verosimilitud de las acusaciones.

Lo mismo ocurrió con Solana, al que en principio acusaban de ser el otro preso que pretendía fugarse, y con Inge Urrutia. Ambos fueron detenidos y quedaron en libertad sin cargos por este caso. Solana y Goikoetxea siguen lógicamente en prisión por otras causas.

Sobre Urrutia, el juez reconoce que fue detenida y permaneció cuatro días incomunicada tan solo por haber realizado un viaje a Andalucía en 2007 con Asier Borrero, otro de los supuestos miembros de ese comando de ETA que iba a participar en la huida según el auto y que se encuentra en paradero desconocido desde julio del año pasado.

Los tres presos y Goioaga relataron que el trato en dependencias policiales fue correcto, aunque el letrado denunció que los interrogatorios se llevaron a cabo sin la presencia de su abogado. Ana Paz Cinos dijo que recibió presiones, amenazas y un par de tortazos, pero que no hubo maltratos mayores.

Abogados desalojados

Los interrogatorios a los detenidos comenzaron ayer al mediodía y se prolongaron hasta las 17.00. El preso político Arkaitz Goikoetxea fue el primero en declarar, mediante vídeoconferencia, desde la cárcel de Valdemoro. Como el resto de los arrestados en la operación, compareció incomunicado, situación que le fue levantada tras concluir su declaración.

Según se conoció ayer, Goikoetxea fue interrogado el sábado por agentes de la Guardia Civil en la prisión madrileña, tras lo que fue incomunicado y enviado a aislamiento. En protesta por su situación, el vecino de Algorta emprendió una huelga de hambre que abandonó ayer después de que le levantaran la incomunicación y de que fuera trasladado al modulo con sus compañeros.

Por su parte, Solana y García Sertutxa fueron conducidos a Madrid desde las cárceles de Picassent y Huelva, respectivamente, donde fueron «detenidos» e incomunicados.

Antes de iniciar las comparecencias, abogados vascos se presentaron en la Audiencia Nacional con la intención de asistir a los detenidos. Sin embargo, se encontraron con la negativa de Marlaska, que ordenó a los jefes de seguridad del tribunal especial que fueran desalojados del recinto.

Los letrados pidieron amparo al decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y denunciaron la actitud del juez. Pusieron de manifiesto que mientras ellos eran obligados a abandonar la Audiencia Nacional otros abogados y periodistas permane- cían en el interior.

Reclamaron también en un escrito que se depuren responsabilidades sobre las filtraciones a los medios cuando la causa estaba bajo secreto de sumario y denunciaron que los interrogatorios de Goioaga y los presos políticos vascos se podrían haber solventado con citaciones.

Juana Orta no fue interrogada

En el marco de esta redada, el sábado resultó también apresada en Huelva Juana Orta, una mujer muy conocida entre los allegados de los represaliados políticos vascos por formar parte del comité de apoyo. Esa misma tarde fue puesta en libertad por la Guardia Civil y ayer no fue citada en la Audiencia Nacional. Las agencias señalaron que el interrogatorio a Orta ha sido retrasado por el momento, pero en otras informaciones se aseguraba que no hay ningún cargo en su contra.

La detención de esta mujer de avanzada edad causó una enorme sorpresa en Huelva y hasta el propio alcalde de la ciudad y miembro del PP, Pedro Rodríguez, defendió el lunes en rueda de prensa la «valía humana» de Orta y dijo que le conocía de hace años por haber trabajado «en el movimiento ecologista y ciudadano».

Sus manifestaciones fueron censuradas ayer por el Delegado del Gobierno español en Andalucía, Juan José López Garzón, que le exigió una rectificación. En su opinión, fueron «frívolas» y «producen estupor» al versar de «un tema que el alcalde desconoce». Asimismo, señaló que tiene que «dejar que actúen las fuerzas del orden y los jueces».