A menos de una semana de que entre en vigor la liberalización del mercado eléctrico del Estado español, la falta de información que afecta a la mayoría de los consumidores es lo más destacable en cuanto a este proceso que comenzó hace seis años. Las Comercializadoras de Último Recurso, que suministrarán la energía eléctrica; la posibilidad de acogerse a las Tarifas de Último Recurso, con las que el consumidor quedaría al margen del mercado libre; las condiciones de contrato según la potencia contratada... son factores, de momento, desconocidos por la mayoría.

Ante un cambio de tal calado en el sector de la energía eléctrica, resulta incomprensible que el Gobierno español no haya llevado a cabo una campaña informativa en condiciones con el fin de evitar esas dudas y el desconocimiento generalizado. Las asociaciones de consumidores aconsejan esperar hasta conocer las nuevas tarifas y las ofertas de las comercializadoras, así como no tomar decisiones precipitadas ante esas ofertas, no contratar telefónicamente o exigir contratos por escrito e información detallada. Esas advertencias de quienes están acostumbrados a recibir quejas de consumidores que han firmado contratos convencidos de que el servicio contratado se ajustaba a otras condiciones dan una idea del margen de engaño que esta liberalización del mercado propicia.

La liberalización de sectores estratégicos es presentada como un procedimiento, además de normal, conveniente, con el argumento de que implica una mayor competencia y que ésta revierte, no sólo en precios más bajos, sino también servicios más eficientes. Sin embargo, esa afirmación resulta cuestionable desde el momento en que la lógica empresarial basa su actividad en el máximo beneficio, objetivo único que condiciona dichas variables. En efecto, la experiencia obtenida de otros sectores liberalizados en muchos casos ha demostrado todo lo contrario: encarecimiento de los precios y deterioro de los servicios.