El primer ministro de Perú, Yehude Simon, y los representantes de las comunidades campesinas de la región andina de Apurímac llegaron el martes a un acuerdo que pone fin a sus protestas.

Representantes de los comuneros aceptaron los términos del acuerdo planteado por Simon y firmaron un documento de 32 puntos que suspende la protesta hasta setiembre, a la espera de que el Gobierno cumpla con su compromiso de comenzar a construir una carretera entre Abancay, la capital de Apurímac, y la vecina Ayacucho.

Simon indicó que se acordó constituir una comisión «de lago plazo» para responder a las peticiones de los campesinos, que iniciaron un paro indefinido hace dos semanas en demanda de la derogación de la Ley de Aguas y de la Ley del Magisterio, y en rechazo a las concesiones mineras en su jurisdicción.

La Ley de Aguas declara este recurso como patrimonio de la nación y fija prioridades para su uso, pero sus detractores consideran que puede desembocar en la privatización.

La Ley del Magisterio, por su parte, pretende elevar el nivel de profesionalización de los maestros estatales mediante exámenes periódicos de conocimientos para acceder a una plaza, algo rechazado por el sindicato de los profesores.

Simon señaló que en las conversaciones del martes no se abordó la derogación de ninguna ley, pero se confirmó la asignación de recursos para la construcción de la carretera entre Ayacucho y Abancay.

El primer ministro peruano inició ese día una maratón de reuniones con los representantes de diversas comunidades en huelga del país, que esperaba cerrar ayer, antes de acudir, hoy, a una interpelación en el Congreso en relación a la masacre de Bagua, el pasado 5 de junio en el marco de una protesta de las comunidades indígenas amazónicas, que se saldó con un número indeterminado de muertos.