Si el año pasado fueron profesionales del Derecho los que salieron a la palestra en vísperas sanfermineras, ayer 45 historiadores recordaron que el asalto policial a las fiestas de 1978 sigue excluido de la historia oficial. Por ello, emplazaron directamente a las instituciones navarras a que faciliten la investigación del caso y a que la incluyan en los curriculum educativos.

Varios de estos historiadores (Xabier Díaz Esarte, Mikel Sorauren, Josu Txueka, Anjel Rekalde) comparecieron junto a miembros de la iniciativa que recuerda aquellos hechos, como Miren Egaña y Ramón Contreras. Este último equiparó la inacción de las instituciones con «un estado de shock permanente desde 1978. No quieren hablar ni pensar sobre ello».

Josu Txueka se encargó de resumir la demanda de los historiadores, que pasa por que «las diversas instituciones de nuestra ciudad y comunidad reconozcan la citada agresión a los efectos de su inclusión en cualquier tipo de actuación oficial relativa a la historia de nuestro pueblo, en general, y de los Sanfermines, en particular».

Txueka recordó que pese a haber pasado ya 31 años los historiadores siguen teniendo dificultades para escribir la verdad de aquellos hechos, y no sólo porque los dos sumarios abiertos fueron cerrados en falso, sino también porque sigue vigente la Ley de Archivos que establece que los documentos oficiales no se desclasifiquen hasta pasados 50 años.

En un emotivo testimonio como testigo presencial de las cargas, Mikel Sorauren apostilló que «aquel 8 de julio fue una versión de guerra de baja intensidad del 18 de julio de 1936. Querían dar un escarmiento a una sociedad que aspiraba realmente a la libertad y la democracia».

Defensor y moción

Además, la iniciativa ha presentado una moción que será votada el jueves día 2 en el Ayuntamiento, en la que pide que se cree una Comisión de la Verdad sobre el tema.

Los comparecientes desvelaron además que en febrero el Defensor del Pueblo de Nafarroa rechazó la petición de la Iniciativa Sanfermines 78 Gogoan para que abordara el caso. Argumentó falta de competencias. Contreras lo definió como «una espantada taurina».