A finales del pasado mes de mayo, el ex preso político vasco Lander Fernández hizo pública la denuncia interpuesta en los juzgados por el secuestro y la posterior agresión que padeció por parte de varios individuos que se identificaron como agentes de la Ertzaintza. Fernández relató que le amenazaron si se negaba a «colaborar» con ellos, pero, además, animó a plantar cara a situaciones de este tipo.

Al día siguiente se fue de vacaciones a Venezuela, pero a su regreso fue detenido en el aeropuerto de Barajas, el 14 de junio. «En el momento de enseñar el pasaporte me dijeron que tenía que esperar, porque estaba detenido por haber cambiado de domicilio sin avisar», recuerda.

El joven bilbaino indica que hasta que fue trasladado a la Audiencia Nacional española no le dijeron de qué estaba acusado. Tras pasar la noche a manos de la Policía española compareció ante Santiago Pedraz y declaró ante el juez que las acusaciones eran «consecuencia de haber denunciado» el acoso policial al que fue sometido en varias ocasiones. Revela que «el mismo juez me preguntó si consideraba lo ocurrido como una represalia y le dije que sí».

Fue acusado de participar en un par de episodios de «violencia callejera» en 2000 y 2002, lo que bastó para que fuera encarcelado en Soto del Real. Censura que las imputaciones «son un montaje» y que fue encarcelado por «venganza». «Querían enviar el mensaje de que el que denuncie va a ir a la cárcel», subraya. Además, ya estuvo preso en el Estado francés desde 2003 a 2008, sin que se le atribuyera nada en su tiempo de cautiverio ni al ser puesto en libertad.

«No es un caso aislado»

Finalmente, fue puesto en libertad el pasado jueves, pero critica que el pago de 40.000 euros como fianza es otra forma más del «chantaje» que ha padecido.

Entiende que lo que le ha ocurrido «no es un caso aislado» y lo enmarca dentro de la «línea represiva» que se está llevando a cabo; en ese contexto, Fernández incide en que el caso más «grave» es la desaparición del militante Jon Anza y lo más «mediático, que quieren quitar las fotos de los presos de bares y txosnas en todo el verano».

Así, recuerda cómo cuando hizo pública la denuncia, contó que los ertzainas que le asaltaron le dijeron que con la llegada de Rodolfo Ares a la Consejería de Interior de Lakua «esto ha cambiado mucho».

En este sentido, valora que el objetivo de estas políticas son «además de meter miedo, que la gente vea como un «marrón» ser familiar de un preso político vasco y que solidarizarse con un represaliado sea un compromiso que puede salir caro».

Según rememora no es nuevo, ya que las dos ocasiones en las que le han realizado un recibimiento en Santutxu tras salir de prisión han sido prohibidas. En la primera, el 9 de febrero de 2008, la Policía autonómica cargó contra las 400 personas congregadas en la plaza Karmelo y tres personas tuvieron que ser hospitalizadas. El jueves tampoco fue permitido el ongi etorri que le tenían preparado.

«No me considero una víctima por haber estado preso, pero parece que sólo existe una violencia y que se puede recordar a unas personas, pero no a otras», censura. Asimismo, critica que su caso ha sido «silenciado» en los grandes medios pese a asistir a la rueda de prensa que dio, ya que como dice «esas imágenes fueron utilizadas en TVE cuando fui detenido, pero no dijeron nada sobre mi denuncia».