La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el «caso Batasuna» les ha llevado al paroxismo censor. Con los folios arrancados vaya usted a saber a qué precio a modo de ariete pretenden ahora derribar las casas consistoriales gobernadas por la izquierda abertzale (por expreso mandato de la ciudadanía, hay que recordar) y colocar a sus peones a modo de pretores de la «democracia».

El editorialista de «Abc» se exhibía felicísimo porque esa sentencia «abre nuevas perspectivas en la vertiente jurídica en la lucha contra ETA y sus secuaces« lo que se traduce en «la posibilidad de actuar contra los ayuntamientos dominados por ANV, otra marca pseudopolítica de ETA». Ya ha puesto los mimbres. Ahora nos dirá cómo se hace el cesto.

El escriba de «Vocento» reconoce algunas limitaciones para sus apetitos y les llama «dificultades prácticas». Así reseña que «el chantaje criminal de ETA sigue ahí y no será fácil disolver las corporaciones actuales y constituir comisiones gestoras en un ambiente de amenaza terrorista». También podría decir que no fácil suplantar a la voluntad popular. No todo el mundo se presta a ello.

Luego establece las posibilidades que se les presentan: «Caben al respecto varias opciones: bien aquellos en los que ANV gobierna o sólo aquellos en los que tenga mayoría absoluta (y sea imposible, por tanto, actuar por vía de mociones de censura), o bien incluso acudir a una interpretación restrictiva y actuar sólo contra aquellos que utilizan la corporación para adoptar acuerdos que favorezcan de un modo u otro a la banda terrorista. Hay, por tanto, una conjunción de problemas de hecho y de Derecho, sumados a que las actuales entidades locales están ya en una fase avanzada de la duración de su mandato. Todo ello obliga a un estudio riguroso y sereno para adoptar la decisión adecuada al único fin política y moralmente admisible en un Estado de Derecho, que sólo admite la presencia en las instituciones de las personas que rechazan sin reparos la violencia como arma política». Lo más sencillo será derribar las casas consistoriales y que gobierne... el editorialista de «Abc». Ya puestos, ¿por qué no?