Tal y como reflejaban el viernes algunos medios alemanes, el Tribunal Constitucional federal ha dicho ¡basta! y ha marcado una línea, o una barrera, entre los poderes de Bruselas y los suyos propios. Desde su sede en Karlsruhe, cerquita de Estrasburgo, la todopoderosa corte federal alemana ha encargado deberes de verano para el Bundesrat y el Bundestag -que se quedan sin vacaciones- antes de dar luz verde al Tratado de Lisboa. Ha dictaminado que, básicamente, Lisboa es compatible con la Constitución alemana, pero exige a ambas cámaras federales que refuercen sus poderes antes de ratificar el nuevo Tratado. Porque, acto seguido, lanza una sentencia que, en realidad, es una carga de profundidad contra el actual modelo de integración europeo, al afirmar que «la responsabilidad primera de la integración está en manos de los órganos constitucionales nacionales». El Tribunal argumenta que los parlamentos de los estados miembros no tienen el «déficit democrático estructural del Parlamento Europeo». Y concluye: «La integración europea no puede socavar el sistema de normas democráticas de Alemania». Es decir, Karlsruhe viene a decirnos que no aceptará aventuras tipo Estados Unidos de Europa y que, a fin de cuentas, primero es el Estado y luego la UE (como siempre, pero más clarito). De facto, el Tribunal Constitucional Federal alemán se carga el principio de primacía del derecho comunitario. Este principio, instaurado en los 60, establece que las autoridades de un Estado miembro no deberán aplicar una norma estatal contraria al Derecho comunitario, lo que exige de las autoridades que den preferencia al Derecho comunitario sobre el Derecho de cada Estado, sea cual fuere la naturaleza de la norma comunitaria en cuestión y sea cual fuere la del Derecho estatal contemplado. Con arreglo al principio de primacía, el Derecho comunitario tiene un valor superior al de los estados miembros. Aunque, tras la decisión de los jueces del Constitucional alemán, el «tiene» se convierte en «tenía».

Las consecuencias de esta sentencia llegarán, probablemente, a medio o largo plazo, y parte de lo que ocurra dependerá de cómo la apliquen el Bundesrat y el Bundestag, pero se avecinan tiempos de cambio en el seno de la Unión, sea con Lisboa o sin Lisboa. El modelo europeo y su arquitectura institucional están en cuestión y la actual crisis económica e institucional está dejando sus vergüenzas -carencias o agujeros- al aire, lo que va a ser aprovechado por los más fuertes para marcar su territorio: éste por la primacía de las normas, aquel por las fronteras definitivas de la Unión (el asunto Turquía) y el de más allá porque, para seguir dentro, exige que las políticas y normas comunitarias que no le gustan no tengan efecto sobre ella.

Para desviar la atención de estas cuestiones, y del otoño agónico que se avecina, la UE necesita distracción. Y el entretenimiento tiene nombre y apellidos: José Manuel Durao Barroso. Pese a los esfuerzos de la presidencia sueca del Consejo de Ministros de la UE (antes y después de tomar el relevo a los checos), el Parlamento Europeo no votará el 15 de julio para dar luz verde a la candidatura de Barroso al frente de la Comisión Europea. Esto significa que aún no cuenta con el número de votos suficientes para ganar esta primera votación y, en consecuencia, ésta se aplaza a otoño, una vez que los irlandeses hayan votado de nuevo.

Curiosamente, ha sido Guy Verhofstadt, el nuevo líder de la Alianza de Liberales y Demócratas de Europa (el tercer grupo de la Cámara), quien ha enterrado la posibilidad de una votación el 15 de julio. Verhofstadt fue, hace cinco años, el candidato de Alemania y Francia a la presidencia de la Comisión Europea, pero la férrea oposición británica desembocó en un candidato de consenso que resultó ser Barroso, denostado por muchos estados y diputados pero, al parecer, útil todavía en esta fase de relativo desconcierto o parálisis del proceso de integración europeo. El ex primer ministro belga afirmó que los liberales no aceptan el precipitado calendario que el grupo mayoritario, el Partido Popular Europeo, pretende imponer al Parlamento Europeo, y se ha sumado al rechazo de los socialdemócratas (segundo grupo de la Cámara) y de los Verdes a votar la candidatura de Durao Barroso en julio. Salvo que la presidencia sueca consiga desatascar el tema en la reunión que ha convocado para este martes en Estocolmo (ha invitado a los líderes de todos los grupos para una sesión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo), el anuncio de Verhofstadt significa que la UE entra en hibernación en pleno verano, y que todo se aplaza hasta ver si los irlandeses ratifican el Tratado de Lisboa en octubre.

En teoría, el aplazamiento de la votación va en contra de los intereses de los estados miembros, ya que el Consejo Europeo de junio, tras alcanzar una posición de consenso a favor de la reelección de Barroso, se mostró favorable a una rápida confirmación de su candidato en el Parlamento, con el objetivo de transmitir a los ciudadanos la sensación de que la Unión seguía funcionando. El problema es que los estados no pueden arriesgarse a que la Cámara rechaze de entrada a su candidato (a no ser, claro, que Francia y Alemania deseen provocar esa situación para quitarse de en medio al portugués), con lo que forzarán a los grupos parlamentarios a que negocien, que es lo mismo que decir que el Partido Popular Europeo deberá ceder ante socialdemócratas y verdes. De todas formas, los socialdemócratas, con Martin Schulz a la cabeza, no piden gran cosa para aceptar a Barroso: que el PPE acepte repartirse la presidencia del Parlamento, mitad y mitad, algo que ya ocurrió la legislatura pasada. Verhofstadt, por su parte, ha declarado que busca incidir en el programa de la Comisión y negociar con el PPE una estrategia europea anti-crisis. En todo caso, este retraso no debe llevarnos a pensar que las diferencias ideológicas o de modelo de UE entre el grupo liberal, el socialdemócrata y el popular son tan grandes, en absoluto. En último término, bien podría ocurrir que tanto Schulz como Verhofstadt llamen finalmente a sus filas a votar a favor de Barroso. Y, además, tampoco importa mucho que la primera votación sea ahora o en otoño, puesto que en uno u otro caso el equipo de comisarios no se completaría hasta octubre o noviembre, y sólo entonces llegaría la segunda votación parlamentaria para aprobar el colegio de comisarios en bloque.

Todo esto implicará que Durao Barroso, que recibió el aval político de los estados tras presentar en la última cumbre un calco de lo que Berlín y París le habían exigido, tendrá ahora que convencer a los grupos parlamentarios que están en la oposición (socialdemócratas, liberales y verdes, sobre todo), y las palabras de Verhofstadt anuncian que darán guerra. La oposición quiere sacar músculo y demostrar a la mayoría conservadora (en los gobiernos de los 27 y en la Cámara) que tendrán que contar con ellos en el juego comunitario.

Todos ellos aguantarán la respiración en espera de la sentencia irlandesa sobre Lisboa. El otoño se augura tremendo: la UE debe configurar la nueva Comisión y designar, si Lisboa es finalmente ratificado, al primer presidente estable del Consejo Europeo y al Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad. Si Lisboa pasa, más cambios de cromos. Si no...