El diputado foral de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, desveló ayer que en 2003, cuando Víctor Bravo era director de Hacienda, recibió una notificación sobre una operación de compraventa sospechosa realizada con billetes de 500 euros, de la que al parecer no dio cuenta ni investigó.

González dio a conocer este hecho al término de la Comisión Permanente de las Juntas Generales, en la que informó de la denuncia presentada por la Fiscalía de este territorio contra el ex director de Hacienda y ex senador por el PNV Víctor Bravo, a quien imputa cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

También imputa estos mismos delitos a Rufino Eizagirre Olcoz, que fue jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general durante el mandato de Joxe Joan González de Txabarri (PNV), e implica en algunos de ellos a otras cuatro personas. Todos ellos habrían causado unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal en la tributación del Impuesto de Sociedades de 2,15 millones de euros.

El hermano del ex senador del PNV, José María Bravo, a su vez, está imputado en el caso del fraude la Hacienda de Irun que dirigía.

Billetes de 500 euros

El diputado también explicó que en 2003 la Hacienda guipuzcoana, dirigida entonces por Víctor Bravo, recibió una notificación «expresa por escrito» sobre una operación sospechosa de compraventa de una sala de fiestas en Salou -que también figura en la denuncia del fiscal- que se habría pagado con «dinero negro» en billetes de 500 euros. Según la Fiscalía, en la escritura de esta operación figuraba un precio de 4,47 millones de euros, cuando en realidad se pagó más de 6 millones, es decir que hubo un «sobreprecio oculto» de más de 1,53 millones.

El diputado también indicó que la Diputación ya estaba investigando a la sociedad inmobiliaria catalana Glass Costa Este Salou S.L., a la que Bravo e Eizagirre favorecieron según el fiscal. El trato de favor consistió, según la denuncia, en permitir que se acogiese a cuantiosos beneficios fiscales por la aplicación de la normativa foral a la que sólo pueden acceder empresas ubicadas en Gipuzkoa.

González no reveló más datos sobre lo descubierto, pero aseguró que la institución foral tendrá «tolerancia cero» con este asunto con el fin de recuperar la confianza de los guipuzcoanos en la Hacienda.

Los grupos junteros subrayaron la extrema gravedad de estos hechos. El portavoz del PNV, Asier Aranbarri, afirmó que «si hay que levantar las alfombras para llegar hasta el final con todas las consecuencias, las levantaremos independientemente de las personas» que podrían haber cometido fraudes. El PSE expresó su «estupor, indignación, cuando no repugnancia» por estos hechos que «dañan el Concierto Económico». Desde el PP se consideró que la investigación va a hacer aflorar «un agujero negro de dimensiones muy importantes». Para EB, «hubo un impulso político claro en la toma de determinadas decisiones, que propiciaron tanto el presunto fraude de Irun, como las nuevas denuncias».