Si, como sienta el diccionario, paradoja es lo «inverosímil y absurdo, que se presenta con apariencias de verdadero», Gasteiz asistió ayer a la sublimación de lo paradójico en el juicio contra tres ciudadanos vascos acusados de «atentado, resistencia a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos» en relación con los sucesos ocurridos hace tres años en el transcurso de la manifestación desarrollada en el treinta aniversario de la masacre policial de Zaramaga. En aquella manifestación, a la que entre otras muchas miles de personas asistieron supervivientes del fatídico episodio histórico en el que murieron cinco personas a manos de las temidas Fuerzas de Orden Público franquistas, la Ertzaintza se empleó con inusitada violencia con la excusa de arrebatar las fotografías de dos presos vascos muertos en prisión en aquellos días y una ikurriña con crespón negro que portaban los manifestantes.

La intervención policial se saldó con decenas de heridos, tres detenidos y el estupor generalizado de la sociedad vasca, que veía cómo la Policía de Lakua cargaba con saña contra las víctimas del franquismo y quienes, con ellos, reclamaban verdad y justicia tres décadas después. Dos de los tres detenidos creyeron revivir los momentos de pánico de aquel 3 de marzo de 1976, cuando uno de ellos recibía un disparo en la cara, el otro una paliza que le dejaría prácticamente ciego y ambos contemplaban con impotencia cómo los disparos herían de muerte a cinco compañeros de protesta.

Esas personas se sentaron ayer en el banquillo de los acusados, alimentando la percepción mayoritaria de que en Euskal Herria se vive, desde hace muchas décadas, una permanente y deliberada paradoja del absurdo que distorsiona la realidad para adaptarla a los intereses de quienes, tanto hace treinta años como ahora, pretenden modelar este país al margen de la voluntad popular y, demasiado a menudo, en contra de la voluntad popular. Han pasado tres décadas y ninguno de los responsables de las muertes de Zaramaga se ha sentado en el banquillo. Los represores gozan de impunidad mientras los represaliados podrían terminar en la cárcel.