La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que condenó a cuatro años de prisión a una vecina de Lizartza por «atentado contra la autoridad».

En la sentencia se afirma que la mujer rozó con un palo a una edil del PP de la localidad y la acusada explicó en el juicio que no tuvo intención de agredir, sino que fue empujada por otras personas. Sin embargo, el Tribunal Supremo sostiene que la acción fue «voluntaria y consciente» porque «el que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene, por lo tanto, el propósito de atentar contra la misma».

En este sentido, resalta que los hechos se produjeron en una protesta de rechazo a la corporación municipal ilegítima que encabeza Regina Otaola tras acceder a la Alcaldía con tan sólo 27 votos frente a los 186 que obtuvo la izquierda abertzale.

En concreto, los hechos ocurrieron el 6 de setiembre de 2007, tres meses después de la toma de la Alcaldía por parte del PP. Los vecinos de Lizartza se concentraron con ikurriñas contra la presencia de los ediles del partido que lidera Mariano Rajoy en una misa previa a las fiestas patronales. Nada más llegar a Lizartza, Otaola impuso la bandera española, retiró las fotos de los presos políticos y borró del municipio las pintadas y reivindicaciones provocando innumerables situaciones de tensión en el municipio.

En la sentencia no se menciona este aspecto, pero se justifica en que «la acción imputada a la acusada sólo se explica por el clarísimo significado político que tuvo aquella expresión violenta de rechazo».

Más condenas y denuncias

La mujer de 61 años de edad condenada por estos hechos ha recibido la pena más dura, pero no ha sido la única denunciada. Desde que el PP se apoderó de la Alcaldía en una localidad en la que tradicionalmente ha gobernado la izquierda abertzale, han sido varios los vecinos de Lizartza que han sido denunciados, juzgados y condenados a raíz de las protestas realizadas contra Otaola.

El último fue Peio Olano, al que la Audiencia Nacional española condenó a dos años de cárcel el pasado mes de febrero por un «delito de amenazas relacionadas con ETA» tras ser denunciado por Otaola. Al igual que en el otro caso, el tribunal dio por buena la versión de la denunciante, que acusó a Olano de proferir un «Otaola, vas a morir» en una protesta.