La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, reclamó ayer a la Diputación de Gipuzkoa que tome sus propias decisiones en el supuesto fraude detectado en la Hacienda foral porque hasta el momento sólo ha intervenido la Fiscalía.

El fiscal imputa al ex director de Hacienda de Gipuzkoa y ex senador por el PNV Víctor Bravo, cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos, e implica en algunos de ellos a otras cinco personas.

Según la acusación, sus actuaciones al beneficiar fiscalmente a ciertas empresas habrían causado unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal en la tributación del Impuesto de Sociedades de 2,15 millones de euros.

Etxaide aseguró ayer que «para hacer semejante fraude hace falta una administración en la que se pueda organizar», además de unos responsables políticos que, «haciendo o dejando hacer, permitan que esto se materialice a lo largo de tanto tiempo».

La secretaria general de LAB criticó que la Diputación «sigue sin tomar medidas« en relación con este asunto y denunció «la falta de actuaciones concretas» por parte de los representantes políticos. Etxaide opinó que la imputación de Víctor Bravo confirma que «hay que apuntar alto para situar las responsabilidades» de este caso, y explicó que no creen que se trate de una iniciativa individual ni que su responsable sea sólo un «cabeza de turco».

Apuntó asimismo la necesidad de generar un debate político en la sociedad para evitar que estos hechos se repitan porque, según«un fraude de ese volumen y que ha durado tanto tiempo no es un hecho casual».

Etxaide insistió en que el caso debe aclararse para recuperar el dinero y revertirlo en la sociedad guipuzcoana.

Ampliar la investigación

El Departamento de Hacienda ha decidido auditar todos los expedientes que fueron tramitados por Víctor Bravo. No obstante, Aralar ha solicitado que esta investigación se extienda a otras tres personas que figuran en la denuncia del fiscal: Rufino Eizagirre Olcoz, que fue el jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general de Gipuzkoa durante el mandato de Joxe Joan González de Txabarri (PNV) a quien imputa los mismos delitos que a Bravo; Jesús Jiménez Oruna, administrador del despacho de asesores Alt Nort, y a la esposa de Víctor Bravo, Arantza Arbelaitz, que era la presidenta del tribunal económica-administrativo de la Diputación, estos dos últimos acusados de cinco delitos contra la Hacienda pública.