La cuestión energética es uno de los temas centrales de la agenda política en este momento, tanto a nivel global como en los planos continental, regional, estatal, nacional o incluso local. La cuestión de la energía tiene al menos dos vertientes contrapuestas, dos puntos de vista sobre los que pivota en la actualidad. Por un lado está, lógicamente, la esfera puramente económica. Por otro lado está la dimensión ecológica del tema. La perspectiva de la que se parta condicionará los posteriores argumentos. Asimismo, ambos «bandos» hace tiempo que entendieron la necesidad de responder a las preguntas que la otra parte deja en el aire. Lo cual no siempre es positivo, en la medida en que se pueden escuchar argumentos con barniz ecológico y científico cuando en realidad se está defendiendo la postura contraria, como ha ocurrido recientemente en el caso de Garoña y de la energía nuclear.

Este debate no puede darse al margen de uno más general: la crisis del modelo socioeconómico y los parámetros sobre los que hay que construir un sistema nuevo. En este sentido, el esquema basado en la creación compulsiva de nuevas necesidades de consumo que implican mayores e injustificables gastos energéticos ha tocado a su fin. Se impone la eficiencia, la innovación y las energías renovables. Por mucho que algunos se empeñen en situar el debate socioeconómico en la «reactivación» del consumo, asociado a una perspectiva puramente financiera y entendido todo ello como sinónimo de economía, este modelo no es viable. La energía es una de las pruebas de fuego de la crisis actual, y todo lo que se haga sin tener en cuenta esta realidad supondrá una rémora y un desastre tanto económico como ecológico.

En ese contexto, GARA publica hoy el mapa de la energía eólica en Euskal Herria, así como los argumentos que tanto a favor como en contra suscita esta fuente de energía. Existen al menos dos elementos a reseñar al respecto: la necesidad de que las administraciones garanticen la igualdad de oportunidades a todas las perspectivas, sin imponer sus criterios o intereses particulares y priorizando la participación, y que el modelo sea sostenible y vertebre al país.