Las Juntas Generales de Gipuzkoa acordaron ayer, por unanimidad, crear una comisión de investigación sobre la denuncia que ha presentado la Fiscalía en relación al ex director de la Hacienda guipuzcoana, Víctor Bravo, y entre otros. Esta comisión llevará a cabo sus trabajos por un periodo de seis meses.

La comisión de investigación, según informaron los portavoces de los grupos, tendrá carácter secreto en sus dos primeras fases, mientras que la tercera será semipública y las dos últimas serán públicas. Asimismo, todos los grupos junteros acordaron pedir a la Mesa que las Juntas Generales se presenten como acusación particular en las diligencias abiertas en el Juzgado de Donostia.

Las formaciones apostarían porque el acuerdo de constitución de la comisión de firmara «cuanto antes», de modo que solicitarán a la Presidencia que se habilite antes del Pleno de Política General un Pleno Extraordinario a tal efecto.

No obstante, debido al periodo vacacional, la comisión no podrá ponerse en marcha antes de setiembre.

Los representantes de PSE, Julio Astudillo; PNV, Asier Aranbarri; Alkarbide, Joxan Rekondo; PP, Regina Otaola y Juan Carlos Cano; EB, Arantza González; Aralar, Rebeka Ubera; y Alternatiba, Ander Rodríguez, comparecieron ante los medios tras la reunión para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en ella.

Responsabilidades políticas

El representante del PSE, que actuó de portavoz, señaló que el objeto de la investigación son los hechos que han sido denunciados por el fiscal, como son «la presunta participación en los mismos de altos cargos de la Diputación y asimilados y personal funcionario, así como la posible participación de otros cargos políticos y de confianza en los hechos».

Asimismo, Astudillo señaló que la investigación tendrá por objeto los hechos que «puedan estar relacionados de una manera directa o por analogía con los hechos objeto de la denuncia del fiscal». «Todo ello -agregó-, desde la perspectiva de análisis político con el fin de depurar las eventuales responsabilidades de carácter político».

Los grupos acordaron un plan de trabajo básico y, respecto a la duración de la comisión, proponen un plazo de seis meses desde su constitución. En cualquier caso, la comisión podrá proponer de forma motivada al Pleno la ampliación de dicho plazo «cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen en orden al buen fin de las investigaciones». La comparecencia del diputado de Hacienda, Pello González, y del resto de personas que se decida en el plan de trabajo, serán secretas.