El anuncio que hizo público ayer Miguel Sanz, tras la primera reunión ordinaria postsanferminera de su Ejecutivo, tiene un calado mayor del que el propio presidente navarro quiso trasladar a la ciudadanía cuando indicó que se trata, simplemente, de «dar trámite» a un tema que ya contaría con el beneplácito del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ciertamente, reformar el Amejoramiento sólo para que la legislatura del Parlamento foral se pueda prolongar durante cuatro años tras unas elecciones anticipadas -lo que ahora no está contemplado- no tiene mucho valor, pero en este caso las formas recuerdan cuál es el fondo del debate en torno al Amejoramiento.

Como ocurrió con el texto actual -elaborado en 1982 y retocado en 2001-, UPN pretende de nuevo hurtar el debate a la ciudadanía navarra y a todas las formaciones políticas que no estén de acuerdo con sus planteamientos. Es más, de creer lo que dijo Sanz, el acuerdo ya está atado con el Gobierno del PSOE a través del vicepresidente Manuel Chaves; luego, sólo queda que la Cámara foral y las Cortes españolas lo aprueben tal como quede redactado por la comisión mixta que redacte el proyecto, porque no existe la posibilidad de incluir enmiendas ni siquiera para cambiar una coma. Y, por supuesto, no se contempla la convocatoria de un referéndum porque, a juicio de los próceres que ocupan el Palacio de la Diputación, las navarras y navarros todavía no han alcanzando la mayoría de edad para decidir el marco político-jurídico en el que desean vivir. ¿Dónde están los cambios? Ni en las formas.

Además, una vez abierto el melón de las reformas, Sanz cuenta con «autorización» para negociar «otras modificaciones que se consideren convenientes para adecuarse, dada la evolución, al marco normativo vigente». El presidente navarro no entró en detalles sobre ese papel de «negociador plenipotenciario» que se ha otorgado a sí mismo ni sobre cuáles podrían ser esos otros cambios, otro signo de la escasa calidad democrática que esconde el Amejoramiento.