Quisiera hacer llegar a los lectores y lectoras de GARA algunas observaciones y precisiones en torno al informe del Ararteko sobre la atención institucional a las víctimas del terrorismo que creo que resultan necesarias a la luz de algunas opiniones críticas que se han vertido en las páginas de este periódico. Lo haré en el idioma en el que se han expresado tales opiniones. El informe referido parte del marco legal y decisional vigente (además de la legislación internacional y estatal, cabe destacar la Declaración Cívica de EUDEL de mayo de 2002, la Proposición No de Ley del Parlamento Vasco de junio de 2003, el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco de mayo de 2006, la ley vasca 4/2008 de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo) y pretende realizar un diagnóstico sobre el estado de la atención a las víctimas del terrorismo. Conforme a dicho marco, no hay duda de que en la categoría de grupos terroristas no sólo entran ETApm, ETAm y Comandos Autónomos Anticapitalistas, sino también la Triple A, el BVE, los GAL y otros grupos e individuos de extrema derecha que han cometido asesinatos y actos violentos y, por tanto, las víctimas de estos grupos son también víctimas del terrorismo y así se recoge de manera indubitada en el informe. Es cierto que no se recogen testimonios de estas víctimas como tampoco se incluyen testimonios directos de personas que han sido en el pasado víctimas de los primeros de los grupos citados. Para abordar todo lo relativo a la dignidad, justicia, reparación, verdad, memoria y participación, reconocidos como derechos, así como al derecho a la paz, a la libertad y a la convivencia que recoge la citada ley 4/2008 se ha recurrido a fuentes indirectas y a recabar la opinión de las asociaciones. A este respecto cabe decir que existen muy pocos materiales en relación a las víctimas de los GAL y demás grupos terroristas análogos a éste. Nos propusimos recoger testimonios directos de estas víctimas pero el Parlamento Vasco encomendó a la Dirección de víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco elaborar un informe específico precisamente sobre esta materia y optamos por no duplicar recursos públicos. En cualquier caso, en la tarea de seguimiento y fiscalización que el Ararteko hará de las actuaciones y políticas públicas de las administraciones vascas en relación con las víctimas del terrorismo se tendrán en cuenta las opiniones y las necesidades de las víctimas que se recojan en el citado informe de la Dirección de víctimas, y actuaremos firme y claramente en la exigencia del cumplimiento de los derechos que corresponden a todas las víctimas según lo establecido en la mencionada ley 4/2008.

El informe sí recoge testimonios directos de personas que se hallan amenazadas de muerte por ETA y ante esta terrible realidad abogamos, desde la posición institucional que nos corresponde, por plantear la perspectiva ética de defensa de los valores que sustentan los derechos humanos. En la expresión de esta idea puede que algún término empleado no sea muy afortunado pero se trata, desde nuestro punto de vista, de trabajar en un escenario en el que cultivemos, con conceptos y herramientas propias de la ética de los valores, el respeto a los derechos humanos, siendo ésta una tarea que compete y concierne a todos y que debe abarcar todas las vulneraciones y déficits que se producen en el ejercicio de los derechos humanos. De los resultados del cuestionario que se les trasladó a los escolares vascos sobre un elenco muy amplio de temas relacionados con los derechos humanos (el informe completo verá la luz en septiembre) se han incluido en el presente informe sobre víctimas los relativos a su actitud ante ETA (que han tenido amplia repercusión en los medios de comunicación) pero también ante la tortura y ante los derechos de los presos de ETA. Los datos referentes a todas estas cuestiones -a todas ellas- revelan a nuestro juicio la existencia de déficits en lo relativo al respeto a los derechos humanos. Me permito señalar que sería deseable que las políticas públicas que trabajan en el campo de la educación en valores sean resultado del máximo consenso político y social, y me gustaría añadir que esto nada tiene que ver con adoctrinamientos políticos puesto que no estamos hablando de ideas o de proyectos políticos sino de profundizar en el cultivo de valores de respeto a los derechos humanos, a todos los derechos de todas las personas.

Espero que las explicaciones precedentes sirvan para situar la lectura y la valoración del informe en sus parámetros justos y que las críticas no se fundamenten en aspectos puntua- les de orden menor, en infundados juicios de intenciones, en lecturas forzadas de alguna recomendación que quizás habría que haber formulado de manera más matizada para evitar interpretaciones indeseadas o en poner el foco en algún error que contiene el informe (como atribuir las muertes del Corona de Aragón a ETA cuando no hubo reivindicación por su parte; no hemos revisado debidamente el listado fuente). Por lo que respecta al momento de la presentación del informe y a la intencionalidad que se le ha atribuido en el sentido de querer contribuir a mi reelección, debo decir que esto último no está entre las prioridades de mi vida, que el informe comenzó su andadura en 2006, que mi intención -que se truncó por circunstancias que nada tienen que ver con razones de oportunidad- era presentarlo en la legislatura anterior y que la elección del ararteko corresponde al Parlamento por una mayoría de 3/5, lo cual obviamente exige el concurso de los grupos políticos del Gobierno y de la oposición, sean quienes sean los unos y los otros.

Los elementos nucleares del informe tienen el propósito de que avancemos desde el prisma de la ética de los valores de respeto a los derechos humanos en todo lo relativo a la victimación producida por los grupos terroristas en Euskadi y se incardinan en las funciones atribuidas al Ararteko y en la lógica de sus actuaciones a lo largo de estos veinte años de andadura. Quiero reivindicar y recordar, en este sentido, el trabajo del Ararteko en otros campos relacionados con los derechos humanos de personas y colectivos que se nos acusa de ignorar. Me parece oportuno mencionar la declaración institucional sobre la tortura de diciembre de 2004 (formulada a los pocos meses de haber asumido el cargo), el informe sobre la prohibición de concurrir a las elecciones de Aukera Guztiak (llevando al límite nuestro ámbito competencial) o el dictamen sobre lo que se conoció como «caso Beroiz». En todas estas actuaciones hay un mismo hilo conductor y una coherencia plena: el cumplimiento de las funciones que tenemos encomendadas (cuyo ámbito subjetivo son las administraciones vascas) desde una posición radical de independencia e imparcialidad. Y que nadie dude de que la lógica que une a todas esas actuaciones me lleva a condenar firmemente el salvaje ataque del que fue objeto el caserío de la familia Goikoetxea y a exigir que se investigue ese deleznable hecho hasta sus últimas consecuencias y que se depuren responsabilidades, así como a exigir también que se investigue diligentemente y se esclarezca la desaparición de Jon Anza. Desde la ética de respeto a los derechos humanos que reivindico y defiendo seguiré abogando por alimentar y acrecentar un sistema de valores compartido que inyecte en el tejido moral de la sociedad vasca la fortaleza suficiente para hacer desaparecer la tolerancia y la justificación a la violencia y a las conculcaciones de derechos humanos y para mantener en la memoria colectiva todas las atrocidades cometidas.