Sin que la cuestión haya estado últimamente en el debate político navarro, ni se conozcan necesidades urgentes en esta materia, el Gobierno navarro aprobó ayer ejercer la iniciativa de reforma del Amejoramiento Foral para que la elección del Parlamento, en caso de disolución anticipada, sea por cuatro años y no hasta el final previsto de la legislatura anterior, como ocurre en la actualidad.

En principio se trata de una cuestión puntual aunque no menor, sobre todo desde el punto de vista del Estado. No obstante, lo que llama la atención es que la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Nafarroa autoriza al presidente, Miguel Sanz, «a negociar otras modificaciones que se consideren convenientes para adecuarse, dada la evolución, al marco normativo vigente».

El procedimiento señala que Sanz debe comunicar la decisión de iniciar la reforma del Amejoramiento al presidente del Gobierno español, solicitando la apertura de negociaciones para alcanzar el pacto necesario que, en última instancia, será sometido a la aprobación del Parlamento foral y de las Cortes Generales del Estado.

Reformado en 2001

Llamativamente, la cuestión de la posibilidad de disolver la Cámara, así como el procedimiento de elección del presidente, son los únicos puntos del Amejoramiento que se han reformado desde su entrada en vigor en 1982.

El cambio se hizo en 2001 y en aquella ocasión se acordó que, aunque se facultaba al presidente para disolver el Parlamento, la nueva legislatura no tendría una duración de cuatro años, sino que finalizaría cuando estuviera inicialmente previsto, con lo que las siguientes elecciones forales se convocarían coincidiendo con las municipales, como ocurre en las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.

«Por vocación española»

Jaime Ignacio del Burgo explicó en el Congreso de los Diputados que habían «aceptado algo que parece que es una minoración o una degradación de lo que representa una autonomía histórica como es la Comunidad Foral de Navarra, porque nosotros, además de velar por nuestro autogobierno, tenemos una vocación claramente española y sentimos como propios los problemas de la comunidad».

El Gobierno español les había hecho ver que, si además de las cuatro comunidades autónomas que en estos momentos celebran sus elecciones por separados, pudieran hacerlo las otras trece, se entraría en un régimen permanente de elecciones que podría originar dificultades a la hora de garantizar «la estabilidad política del conjunto de la nación española». Así que, como comentó en su día Del Burgo, el Gobierno navarro y UPN aceptaron limitar esa capacidad «por solidaridad con el conjunto de España».

Según señaló ayer Miguel Sanz, ahora «Navarra reclama lo que es justo» y ha recordado que en otros estatutos de autonomía ya se ha introducido la misma reforma. El presidente afirmó que este asunto ya lo trató con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, durante su reciente visita a Iruñea y estuvo «de acuerdo», por lo que se trata de «dar trámite al asunto».

NaBai pide un debate

Ante el anuncio gubernamental, Nafarroa Bai pidió un debate parlamentario y un análisis profundo sobre la reforma del Amejoramiento porque la modificación planteada en esta iniciativa es «absolutamente insuficiente».

Según el portavoz de NaBai en asuntos de Régimen Foral, Maiorga Ramírez, «restringir» a este asunto la reforma del Amejoramiento «es perder la oportunidad de poder avanzar en la profundización de nuestros derechos históricos y corregir además los errores de inicio» como «el hecho de que no fuese votado por la ciudadanía».

Por eso, considerando el Parlamento de Iruñea «como máximo órgano de representación de la ciudadanía», Ramírez indica que el Legislativo «es y debe ser el lugar para debatir cuáles deben ser esas modificaciones, de forma que no nos encontremos ante un parche limitado sobre el Amejoramiento, impulsado desde un Gobierno de Navarra que ya ha demostrado una dejación absoluta hacia los derechos históricos de la comunidad foral».