«Desprecio y rechazo» es la consideración que al consejero de Interior, Rodolfo Ares, le merecen las movilizaciones en favor de los derechos de los presos vascos, aunque éstas sean legales. Y del tono en el que están redactados los escritos, parece desprenderse que le causa pesar no poder prohibirlas o actuar contra sus promotores.

Desde su efímero paso por la Delegación del Gobierno de José María Aznar en Gasteiz, el parlamentario del PP Carlos Urquijo mantiene la costumbre de remitir al Departamento de Interior preguntas sobre todo tipo de movilizaciones por los presos o convocadas por la izquierda abertzale de las que tiene conocimiento a través de los medios de comunicación. Siguiendo un esquema prefijado, pregunta si el acto había sido comunicado, si había sido prohibido y, de no ser así, si se ha abierto algún expediente sancionador por cómo había discurrido.

El anterior consejero, Javier Balza, tenía también un esquema prefijado de respuesta, habitualmente austero y ceñido a los pasos legales dados por el Departamento.

Párrafo de inicio

Por lo visto en sus dos primeras respuestas a este tipo de preguntas, también Rodolfo Ares tiene previsto mantener una pauta de contestación fija, que pasa por iniciar su escrito con la frase «en respuesta a su pregunta, debo manifestar que este Departamento tiene la intención de impedir cualquier acto que vulnere la legalidad vigente», a lo que añade que «el acto por el que pregunta su señoría, merece todo mi desprecio y rechazo».

Así ha hecho con una pregunta referida a un acto convocado por Etxerat, que agrupó a cientos de familiares de presos en el Peine del Viento, y en otra referida a una manifestación en Hernani. Pese al desprecio y rechazo del consejero, éste escribe que «sin embargo» cumplían todos los requisitos legales «por lo que no se ha iniciado ningún expediente ni acción legal contra los convocantes».

Entre tanto, la Ertzaintza sigue retirando fotografías de presos. Las últimas actuaciones conocidas se han producido en Sopela e Ibarra.