Dos empleados -un australiano y un indonesio- de la empresa explotadora de la mina, el grupo Freeport McMoRan, murieron hace días por disparos de desconocidos que aún no han sido detenidos. Una tercera víctima, un policía, fue descubierto el lunes en el fondo de un barranco, al que probablemente cayó al intentar escapar de un tiroteo, según la Policía. Estos enfrentamientos son los últimos que se han producido en torno a la mina de Grasberg, de donde se extraen a cielo abierto no sólo oro sino también cobre y plata por valor de miles de millones de euros desde la década de 1970.

Situada al sudoeste de Papuasia, su acceso está extremadamente reglamentado y son raros los periodistas extranjeros que han podido penetrar en las 3,6 millones de hectáreas de la concesión.

Amenaza para los papúes

Desde su apertura, la mina «no ha dejado de ser una fijación» para las reivindicaciones de los papúes, subraya Rafendi Djamin, de la asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Working Group.

Los grupos independentistas papúes, considerados como mal armados y poco organizados, llevan a cabo acciones de guerrilla esporádicas que tienen como objetivo las fuerzas del orden indonesias, muy presentes en Papuasia.

Rechazan la autoridad de Yakarta sobre este territorio y afirman que obtuvieron la independencia cuando se marcharon los colonos de los Países Bajos en 1961.

Acusan también a las empresas extranjeras que explotan los enormes recursos naturales de no retribuir suficientemente a los papúes, que están considerados como uno de los pueblos más pobres de Indonesia.

La empresa minera Freeport, en cambio, es objeto de todas las atenciones por parte del Gobierno indonesio, para quien el grupo estadounidense es el primer contribuyente del país.

«Es difícil especular sobre los ataques de hace dos semanas. Pero una cosa es segura: se inscriben en la ola de violencia que golpea Papuasia desde hace seis meses», estima Djamin.

Estos últimos ataques, que no han sido reivindicados, «tienen claramente un carácter político, pero no sabemos de qué índole», añade.

En 2002, dos maestros estadounidenses y un colega indonesio que trabajaban para la mina murieron en una emboscada. Los investigadores concluyeron que un movimiento independentista era el responsable, pero algunas asociaciones locales apuntaron hacia el Ejército.

Un artículo publicado en la revista «South East Asia Research» afirmó que se había alcanzado un acuerdo entre las autoridades indonesias y los investigadores estadounidenses para ocultar la implicación del Ejército en este hecho.

Situada en las inmediaciones de las mayores cimas del sudeste asiático, la mina de Grasberg ha recibido también muchas críticas por parte de ONG ecologistas por la destrucción que provoca y la fuerte contaminación de los cursos de agua que descienden hasta el océano.

Para defenderse, la empresa estadounidense Freeport ha puesto en marcha programas sociales en la región y ha incrementado los fondos destinados a los papúes en virtud de las nuevas leyes indonesias que otorgan una mayor autonomía a este inmenso territorio.