Resulta más que dudoso que la cruzada emprendida por el Gobierno de Lakua contra la exposición de fotos de presos políticos vascos en los espacios públicos tenga el preceptivo soporte legal. De hecho, los autos, sentencias y jurisprudencia existente al respecto se inclinan abiertamente por establecer que portar retratos de «personas vinculadas a la organización terrorista ETA» «no constituye enaltecimiento del terrorismo que sanciona el artículo 578 del Código Penal». No existiendo en los tribunales españoles ninguna condena que dicte lo contrario, todo invita a pensar que la actuación del Departamento de Interior está guiada por consideraciones de persecución política e incluso cabría hablar de cuestiones personales lindantes con el abuso de autoridad y cierta fijación vengativa.

Y cuando el consejero de Interior -la persona que se supone encargada de velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y libertades de la ciudadanía- expresa en una respuesta oficial al Parlamento que actuaciones legales de un determinado colectivo o sector social «merecen todo mi desprecio y rechazo» y deja entrever que si no las prohibió era porque no pudo, no porque no quisiera, la sospecha lleva camino de volverse certeza. Porque los hechos demuestran, además, que cuando las acciones no están tan tasadas como en lo referido a determinadas concentraciones o manifestaciones, la actuación discrecional de Interior y de la Ertzaintza se ciñe más a las fobias que muestra Rodolfo Ares en papel con membrete que al respeto de las libertades ciudadanas. En este sentido, la detención de dos personas por llevar pegatinas con fotos de presos nos retrotrae irremisiblemente a los años del franquismo.

El empeño del Gobierno de Patxi López por mostrar mano dura y escenificar un cambio con respecto a ejecutivos autonómicos anteriores, le ha llevado a meterse en laberintos en los que ni siquiera se había adentrado ningún ministro del Interior, y no será ni porque desconocieran la Ley ni porque les faltaran ganas.