La Junta de Portavoces del Parlamento de Gasteiz acordó ayer la convocatoria, la próxima semana, de la Diputación Permante de la Cámara para que comparezcan en la misma el actual consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, y su antecesor en el cargo, Gabriel Inclán. El objetivo de estas comparecencias es que ambos den explicaciones sobre el denominado «caso Margüello», en el que se investigan supuestas irregularidades en las contrataciones de Osakidetza.

La presidenta del Legislativo, Arantza Quiroga, informó de que los grupos parlamentarios decidieron de forma unánime que la semana que viene, a falta de determinar el día concreto, se celebre la Diputación Permanente con un orden del día consistente en la intervención, en primer lugar del actual consejero, y en segundo lugar del anterior titular de Sanidad. «Ha sido un acuerdo por unanimidad y todos los grupos han dejado de manifiesto que había una voluntad de llegar a ese acuerdo y que lo importante era escuchar a los dos responsables máximos en este asunto», declaró.

En relación a este caso también está pendiente la posible constitución de una comisión de investigación, sobre la que ya hay dos peticiones registradas en el Parlamento.

«En el próximo periodo»

A este respecto, el jueves de la semana pasada el portavoz parlamentario del PSE -único grupo que no ha suscrito ninguna petición para que se constituya la comisión, aunque ha anunciado que la apoyará-, José Antonio Pastor, indicó que no será hasta después de las vacaciones de verano cuando pueda constituirse esta comisión. En concreto, Pastor apuntó que el grupo de trabajo podría ponerse en marcha «en el inicio del próximo periodo de sesiones». El PNV había pedido que se habilitara el mes de julio para que se constituyera la comisión, «dada la gravedad de las acusaciones» vertidas. Esa hablitación parece que no se va a producir, pero los grupos sí han coincidido en posibilitar que Inclán y Bengoa declaren en sede parlamentaria.

El consejero de Sanidad compareció en rueda de prensa hace tres semanas para anunciar que su departamento había detectado «graves irregularidades» en la adjudicación de servicios a empresas privadas entre los años 1996 y 2009, en cuya propiedad participaban tres médicos de Osakidetza: Carlos Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga.

Bengoa compareció ante la prensa para dar cuenta de las conclusiones del expediente abierto para investigar los hechos, y en el mismo se afirma que además de conculcarse el procedimiento administrativo, pueden derivarse responsabilidades de otra índole y un perjuicio económico para el Departamento de Sanidad. Este departamento, sin embargo, ha dejado en manos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) tanto la investigación de estas responsabilidades como la cuantificación de las pérdidas económicas, aspectos que también deberán ser abordados por la comisión parlamentaria.

Procedimiento de emergencia

Las irregularidades denunciadas se refieren a las empresas Medical Dom, Recard 2000, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Rehabilidom y a la UTE formada por Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom. Según Bengoa, en todos estos casos los cargos de Osakidetza investigados contaban con algún tipo de propiedad, y dos de ellos eran apoderados de alguna empresa. Los servicios contratados se referían a la atención urgente domiciliaria. El informe también ha detectado adjudicaciones por procedimiento de emergencia, por tanto sin concurso, como exige la Ley de Contratos, de «tareas no urgentes ni indemorables».

También en varios concursos, a los que sólo se presentaba una empresa, faltaban requisitos como informes jurídicos, informes de la oficina de control económico o declaración de capacidad y compatibilidad. Además, algunos de esos contratos se prorrogaban luego durante varios años, y en algunos de ellos se incrementaban las tarifas de forma significativa.

El consejero autonómico eludió en aquel momento opinar sobre las responsabilidades de quienes permitieron las irregularidades detectadas, y se remitió a los hechos del informe presentado. En este sentido, insistió en que sólo el Parlamento tiene la capacidad de decidir si existen responsabilidades políticas.