Actuación institucional ante la situación económica
LAB considera que Lakua no puede liderar la respuesta a la crisis
El día después de la reunión del Gobierno de Lakua, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel para ajustar sus actuaciones y presupuestos al escenario de crisis económica, LAB acusó al Ejecutivo autonómico de carecer de voluntad para cambiar las políticas que han beneficiado a banca y empresas y agravado la situación de los trabajadores, como con la aprobación sistemática de ERE. El sindicato añadió que tampoco tiene capacidad para ello.
GARA | DONOSTIA
LAB exigió ayer a las instituciones «responsabilidad y valentía» ante la complicada situación económica que deja claro «para quién gobiernan los actuales gestores» .
Según explicaron el vicesecretario general de LAB, Jabi Garnika, y la secretaria de la Federación de Industria del sindicato, Garbiñe Aranburu, las instituciones actúan de forma rápida y directa «gastando miles de millones de euros para paliar la situación de aquellos que nos han traído a esta situación», en referencia a banca y empresas con grandes beneficios, mientras que cuando se trata de paliar la situación de quienes sufren las consecuencias de la crisis «es necesaria la cobertura del diálogo social». Garnika calificó de «mascarada» el diálogo social impulsado desde el Ejecutivo español porque «esas mesas siempre se han formado para cumplir las demandas de los empresarios y los resultados son la precariedad, la desregulación del mercado de trabajo, la reforma del sistema de pensiones, el abaratamiento del despido, las ETT o la subcontratación».
En cuanto al Gobierno que dirige Patxi López, afirmó que pese al empeño en querer transmitir la sensación de cambio con su llegada a Ajuria Enea, «no existe voluntad de cambio y, lo que es peor, no existe capacidad de liderar ese cambio».
«Emplazamos al actual Gobierno de Gasteiz a que tome parte activa, a que tome medidas concretas dirigidas a cambiar la actual situación de crisis, que articule medidas concretas para paliar los problemas que hoy en día tenemos los trabajadores de Euskal Herria».
ERE sin lupa
En este sentido, Garnika preguntó a Lakua qué medidas va a a adoptar frente a las entidades financieras que han recibido ayudas multimillonarias o cierran sus ejercicios con beneficios escandalosos, pero se niegan a financiar a empresas con carteras d pedidos poniendo en peligro la continuidad de miles de puestos de trabajo.
También cuestionó cuál será la actuación del Ejecutivo ante las empresas que, tras años de beneficios multimillonarios, usan los expedientes como una manera encubierta de financiación y de acceder a fondos públicos sin apenas control.
En este sentido, recordó a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que «en su día se comprometió a aprobar los EREs en los que hubiese acuerdo y que los vigilarían con lupa, una propuesta que no han cumplido». «Las medidas urgentes son aquellas que van dirigidas a evitar que se destruya empleo, aquellas que permiten que nuestro tejido productivo siga existiendo», afirmó
Sin embargo, el dirigentes sindical dijo esperar poco o nada de la mesa de diálogo social impulsada desde el Ejecutivo autonómico «que sólo sirve para hacer un lavado de cara, pero que por desgracia no va a servir para concretar medidas» que resuelvan estos problemas.
Añadió que «Lakua no tiene ninguna capacidad legislativa para abordar ningún tipo de medida concreta que suponga frenar o paliar la destrucción de empleo en Euskal Herria».
Se aprueban todos
Por su parte, Aranburu consideró que los Gobiernos de la CAV y de Nafarroa «juegan un papel fundamental a la hora de paliar o agravar la situación de los trabajadores en función de aprobar o rechazar los EREs», y se mostró crítica «con la actitud de las instituciones y diferentes departamentos de empleo, ya que se están aprobando la práctica totalidad de los expedientes de acuerdos».
Según aseguró, en empresas como GTS o Tubos Reunidos, la delegación de trabajo aprobó EREs sin que llegaran a estar aprobados por el comité de empresa o trabajadores. De esta manera, «ya son casi 49.000 las personas afectadas por un ERE» en Hego Euskal Herria en lo que va de año.
Además, en los casos de acuerdo sindical, indicó que suele ser fruto de la presión sobre las plantillas y no sobre la patronal, porque como «las instituciones no quieren adoptar decisiones que molesten a la patronal, presionan a los trabajadores para que lleguen a acuerdos bajo la premisa de que si no hay acuerdo se les aplicará el mínimo establecido en la ley».
Por ello, Aranburu instó al Departamento de Empleo de Lakua a rechazar ERE que no tengan acuerdo sindical, ni aprobar expedientes de suspensión sin garantía de mantenimiento de empleo, así como a tener en cuenta si ha habido reparto de dividendos en la empresa de que se trate.
En la reunión con las diputaciones y Eudel del pasado lunes para hacer frente a la crisis el consejero de Economía del Gobierno de Lakua, Carlos Aguirre, se refirió directamente a la decisión del Gobierno español de eliminar la devolución de los 400 euros del IRPF en las rentas superiores a 18.000 euros y dijo que podía ser «una medida interesante», según reveló ayer el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González.
González afirmó que coincidió con Lakua en la necesidad de subir los impuestos, algo que también «ha entendido» Araba y que Bizkaia, aunque con un planteamiento «más tosco», está abierta a discutir. En cambio, el diputado vizcaino de Hacienda, José María Iruarrizaga, afirmó que no tiene planteamiento alguno «de subir impuestos ni quitar deducciones». Iruarrizaga afirmó que el Ejecutivo de Lakua no planteó medidas concretas en la reunión mientras que Bizkaia demandó al Gobierno que aclare si el plan de aceleración económica contra la crisis suscrito en 2008 entre las diputaciones y el Ejecutivo entonces presidido por Juan José Ibarretxe sigue vigente o ha decaído.
También pidió al Ejecutivo del PSE que exija al Estado el pago de 435 millones de euros que estima debe a la CAV. Por su parte, la portavoz de Lakua, Idoia Mendia, respondió a las críticas por el retraso hasta octubre de medidas concretas y afirmó que algunas de las comisiones que se crearán tienen previsto adoptar acuerdos antes de ese mes. GARA
La rebaja que el Gobierno español ha propuesto en las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social supondría un coste de unos 4.500 millones de euros, según cálculos del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La propuesta del Ejecutivo supone un recorte de 1,5 puntos en el pago de cuotas empresariales.
El recorte de un punto sería temporal y sólo afectaría a las cotizaciones de 2010. El golpe para las arcas de la Seguridad Social sería de 3.000 millones. El otro medio punto sería permanente, es decir, sería una rebaja para siempre que en el primer año limaría en otros 1.500 millones los fondos de la Seguridad Social. Aun así, la patronal no lo consideró suficiente y
sigue exigiendo una rebaja de al menos un 5%, lo que podría abrir un agujero en la caja de la Seguridad Social de más de 18.000 millones.
El secretario de Estado aseguró que el Gobierno se encuentra en una posición de «centralidad» entre sindicatos y empresarios, entre unos que consideran la rebaja de cotizaciones «demasiado importante» y otros que le dan «poca importancia». En relación con el margen existente para aumentar esta reducción, Granado no se mostró contrario a que sea aún mayor, está abierto a analizar cualquier propuesta, siempre y cuando los costes sean «asumibles».
El acuerdo incluye otras cuestiones como medidas orientadas a la liquidez de las empresas, al absentismo y a la integración de las oficinas de empleo y los sistemas de contratación para lograr un mercado «más flexible».
La rebaja que propone Madrid se llevaría a cabo a cargo de los excedentes del fondo destinado a hacer frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales. En este sentido, aunque Granado dijo no contemplar el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social, aseguró que en caso de que así ocurriera se darían garantías «suplementarias»
Según indicaron fuentes de LAB, con la separación de fuentes de financiación, el recorte en este fondo se mantiene aparte de la caja destinada a las pensiones. La propuesta se financiaría con los excedentes que las primas de las mutuas han generado en estos años.
Sin embargo, este hecho puede dar lugar a que, a la vez que por un lado se recortan las cotizaciones de las empresas, por otro se empiece a modificar la la letra del Pacto de Toledo y se recurra al aumento de los años necesarios de cotización para acceder a una pensión, se reduzcan las cantidades de las mismas o se alargue la edad de la jubilación con la excusa de que es necesario para sostener el sistema de pensiones.
Además, estos fondos a los que se aplicaría el recorte también se utilizan para financiar cursos de formación en prevención de riesgos en pequeñas empresas.
Por su parte, CCOO alertó de que estas iniciativas ponen en peligro el mantenimiento del sistema y consideró esencial preservar el actual modelo de cotizaciones sociales, «único factor» que podría permitir el sostenimiento del Sistema de Seguridad Social. GARA
