El Tribunal Supremo ha dictado sendos autos en los que rechaza la paralización cautelar de las obras de la cárcel de Zabaia, tal y como demandaron Lakua y la Diputación de Araba en dos recursos contencioso-administrativos. La medida también ha sido exigida insistentemente por organismos medioambientales.

La Diputación alavesa reclamó la paralización cautelar de las obras de la cárcel de Zabaia a través de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros español del 28 de noviembre, que autorizó la construcción de la prisión.

Por su parte, Lakua solicitó la suspensión de la ejecución del citado acuerdo, así como la paralización de los procedimientos de autorización, licitación y adjudicación del proyecto de construcción del centro penitenciario. Ambas instituciones rechazan que el Consejo de Ministros autorizara el inicio de las obras de la nueva cárcel sin el correspondiente informe de impacto ambiental; un trámite que el Gobierno español no considera necesario por ser «un proyecto de interés general».

El Alto Tribunal español entiende que el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado «establece una serie de medidas correctoras tendentes a evitar el impacto negativo de las obras en instalaciones en el entorno», una zona de alto valor ecológico.