La Policía francesa arrestó ayer en la capital labortana a la refugiada política Ekai Alkorta, natural de Urretxu, cuando se dirigía en bicicleta a su lugar de trabajo, sobre las 11.00. Según dieron a conocer testigos de la detención, los agentes de la Policía francesa le detuvieron alegando que pesa sobre ella una condena de cinco años de prisión que debe cumplir. Le indicaron, además, que sería trasladada a París en breve.

Esta urretxuarra de 38 años reside en Baiona desde hace algunos años y trabaja en la federación de ikastolas Seaska, aunque en verano lo hace en las colonias abiertas para niños Bilgune, a donde acudía en el momento que fue arrestada.

Antes de residir en la capital labortana, Alkorta vivió durante algunos años en Canadá, según daba cuenta ayer Kazeta.info. Su detención fue contestada en forma de sendas concentraciones ante la comisaría de Baiona y en Urretxu.

Por su parte, el joven kanboarra Xan Beyre fue enviado ayer a prisión, después de que la Sala de Instrucción del Tribunal Especial de París lo decretara así tras analizar el recurso presentado por la Fiscalía francesa contra su puesta en libertad.

Beyre fue detenido el pasado 27 de junio a la salida de un centro comercial de su localidad natal. Su arresto supuso el inicio de un operativo policial que se saldó finalmente con la detención de una docena de jóvenes y que, como alertó Askatasuna, «llegó al borde de la práctica de la tortura física».

El joven fue trasladado a París cinco días después de su arresto, donde recobró su libertad pero bajo severas medidas judiciales, hasta que ayer los tres jueces ante los que tuvo que presentarse decidieron enviarlo a la prisión de Fleury Mérogis.

Retirada de fotos

Por otra parte, la persecución a fotografías de presos políticos vascos volvió a vivir otro episodio en el sur del país, concretamente en Errenteria, localidad que se encuentra inmersa estos días en sus fiestas patronales. Testigos indicaron a GARA que la Ertzaintza retiró todo el material en favor de los derechos de los represaliados vascos que encontró, como pancartas, carteles o pintadas. Precisaron, además, que en alguna ocasión contaron con la ayuda de los servicios de limpieza subcontratados por el Consistorio.

Asimismo, vecinos del barrio donostiarra de Egia alertaron de que agentes de la Ertzaintza han procedido a exigir las grabaciones de las cámaras de seguridad de cuatro entidades bancarias -BBVA, La Caixa, Caja Laboral y Caja Navarra-, situadas en las inmediaciones del lugar en el que suele colocarse un mural con las fotografías de los presos del barrio. Según detallaron, llevan semanas viendo cómo la Policía autonómica retira los murales que colocan reiteradamente, y tras conocer la solicitud realizada a los bancos deducen que su finalidad será poder identificar a personas.

Precisamente, ELA censuró ayer esta persecución en un comunicado de prensa, en el que acusó al Gobierno de Lakua de «invisibilizar» la solidaridad hacia los presos políticos mediante la retirada de sus fotos.

La solidaridad, legítima

Para la central abertzale, esta actuación del Departamento de Interior busca, «bajo la coartada del terrorismo», invisibilizar ante la opinión pública «la razón de la solidaridad con los derechos de las personas presas». Ante ello, defiende que las prácticas de solidaridad son legítimas y aboga por que sean «respetadas y amparadas por los poderes públicos» y rechaza abiertamente este tipo de medidas de criminalización.

ELA recuerda en la nota que los presos políticos vascos «están dispersados prácticamente en su totalidad»; además de hacer hincapié en «prácticas permanentes» de sucesivos gobiernos españoles como la negativa a excarcelar presos enfermos o la aplicación desmedida del primer grado penitenciario y el régimen de aislamiento, entre otras.

Apunta, en este sentido, que el PSOE «sabe que esta política es incompatible» con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado español y, a pesar de ello, critica que «ha decidido profundizar en esta política penitenciaria».

Alerta, además, de que la decisión de la retirada de imágenes se produce en un contexto «de negación de derechos civiles y políticos para una parte de nuestra sociedad, que ve así cercenadas sus posibilidades de expresión y participación democrática».

Pese a que la solidaridad hacia los presos vascos aparece perseguida, las concentraciones que exigen el respeto a sus derechos no faltan. Ayer fueron 27 personas las que se unieron en Alde Zaharra de Iruñea, 43 en Iturrama y 45 en Eibar.