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La Diputación de Araba puede evitar aún que se levante la cárcel de Zabaia

Representantes de los grupos sociales de apoyo a personas presas y ecologistas que participan en la plataforma alavesa opositora a la construcción de la macrocárcel de Zabaia criticaron ayer la decisión del Tribunal Supremo, que denegó la semana pasada la paralización cautelar de las obras. Explicaron que se trata de una medida previa a la resolución, por lo que recordaron a la Diputación alavesa la «obligación» de recurrir ese auto en el plazo establecido.

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Zuriñe ETXEBERRIA |

El Tribunal Supremo dictó el pasado jueves un auto en el que denegó la paralización cautelar de la construcción de una nueva macrocárcel en el municipio alavés de Iruña Oka, exactamente en la explanada de Zabaia. La demanda había sido realizada por la Diputación de Araba, a través de un recurso contencioso-administrativo, después de que el Consejo de Ministros autorizara, el 28 de noviembre de 2008, el inicio de las obras del centro sin el correspondiente informe de impacto ambiental, al considerarlo un proyecto de «interés general».

La plataforma social creada para impulsar la paralización de la macrocárcel criticó ayer ante los medios la decisión tomada «en escaso medio folio» por este órgano judicial, no obstante, recordaron que se trata de una medida previa a la resolución final que deberá dictaminar si el proyecto incumple la normativa medioambiental.

«Parece que con esta medida se da carpetazo al proceso judicial», subrayó Cesar Manzanos en nombre de la plataforma. Sin embargo, destacó que «este auto no impide la continuidad del proceso [judicial]».

Los opositores al nuevo centro penitenciario, que albergaría a más de 1.600 personas en unas 800 celdas, consideran que la Diputación de Araba «está en la obligación, en la medida que sea pertinente y viable judicialmente, a presentar un recurso contra el auto que se hizo público hace una semana». El plazo legal establecido es de cinco días y, en caso de que sea posible y el ente foral no presente ningún recurso, «estará incumpliendo con su obligación de defender los intereses de los alaveses y de ser coherente con sus propias decisiones».

Propaganda institucional

Por otro lado, en nombre de los colectivos que conforman la plataforma, Manzanos mostró su enfado con «determinados medios de comunicación que estos últimos días se han hecho eco de la propaganda institucional sin llegar tan siquiera a contrastarla».

«Hay mucha propaganda intoxicadora por parte de las instituciones», afirmó y, además, puntualizó que no es «casual» que el auto haya salido a finales de julio, ya que «aprovechando las vacaciones la reacción es mucho más lenta».

Si la macrocárcel de Zabaia finalmente llega a construirse, será el quinto núcleo de población de todo Araba. Además, los contrarios a este proyecto volvieron a recordar que «no está contemplado» en ningún documento el cierre de la prisión actual de Langraiz.

En cuanto a las próximas iniciativas que la plataforma contra la macrocárcel va a llevar a cabo, destacaron que insistirán «de manera incisiva» para que la Diputación siga tomando cartas en el asunto. Asimismo, anunciaron que la plataforma continuará llevando adelante acciones junto a otros grupos sociales que tienen más capacidad de movilización.

movilizaciones

La plataforma alavesa por la paralización inmediata de la construcción de la macrocárcel seguirá realizando acciones junto a otros grupos sociales.

113 millones de euros que no responden a las necesidades de reinserción

La construcción de la macrocárcel de Zabaia costará 113 millones de euros y no responderá «para nada» a las necesidades de reinserción de las personas penalizadas.

La plataforma aclaró que con esa cantidad se podrían invertir 24.000 euros anuales por persona presa con residencia o arraigo en Araba durante los próximos diez años en políticas de apoyo social, laboral o en tratamientos de drogodependencias. Sin embargo, denunció que lo que interesa es «construir altos muros para que no se sepa que es lo que ocurre en esos vertederos humanos». Z.E.

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