El acuerdo de gobierno que en 1999 firmaron PNV y EA ya recogía que la experiencia de veinte años de vigencia de las instituciones autonómicas «aconseja abordar el estudio de la LTH desde la óptica de conseguir el funcionamiento más eficiente de los diferentes niveles institucionales y proceder, en su caso, a una eventual redefinición de funciones».

Esta propuesta, con una u otra redacción, figuró también en los posteriores programas de gobierno de 2001 y 2005, sin que nunca llegara siquiera a iniciarse el más mínimo estudio para su puesta en marcha.

El difícil parto de la LTH en 1983, que se sitúa como uno de los elementos que llevaron a la escisión del PNV tres años después, ha convertido su revisión prácticamente en un tabú. Nadie parece querer abrir semejante «caja de Pandora», como nadie hasta la fecha se ha decidido a abordar la elaboración de una Ley Municipal, pese a figurar en los programas electorales de todos los partidos y en los acuerdos de gobierno de sucesivos ejecutivos.

La crisis como oportunidad

Sin embargo, ahora, la dura crisis económica, la caída de los ingresos y la necesidad de racionalizar el gasto parecen abrir una oportunidad a analizar las fórmulas para mejorar la eficacia institucional de la CAV.

El programa electoral del PSE recoge lo «complicado» del equilibrio institucional de la CAV y añade que «la coexistencia de esos poderes no siempre es sencilla. La experiencia viene demostrando que en el ejercicio de la actividad político-administrativa se producen distorsiones, duplicidades y sobredimensionamientos de las adminis- traciones que sobrecargan su coste económico, sin aportar una mayor eficacia y llegando a confundir a la ciudadanía».

«Nos proponemos abrir en el Parlamento vasco una ponencia con el fin de que todas las formaciones políticas abordemos la reflexión y las vías de mejora y modernización de nuestro entramado institucional vasco, con el fin de renovar y actualizar la LTH», anuncia el PSE.

PSE: «Compromiso ineludible»

La idea podía quedar como una más de las propuestas irrealizadas que recogen los programas electorales, más aún cuando en el pacto de investidura firmado con el PP no figura nada de esto, puesto que la formación derechista propone reformas en sentido diametralmente opuesto a las del PSE.

Pero alguna intención podría tener el PSE de abordar la cuestión cuando el pasado jueves los máximos dirigentes de su grupo parlamentario -el portavoz, José Antonio Pastor, y el secretario general, Oscar Rodríguez- publicaban en «El País» un análisis en el que afirman que «la falta de una política nacional o de país [en referencia a la CAV] junto con el desarrollo equivocado de una ley, la de Territorios Históricos de 1983, que requiere una seria evaluación de sus luces y sombras», hace que «reformar entre todos» la LTH sea «un compromiso ineludible para los responsables políticos de Euskadi».

Pastor y Rodríguez recuerdan que con la aprobación de la LTH en 1983 se primó «el modelo de inspiración netamente foral, frente a una visión nacional o de país. Y -añaden, a continuación- en este punto somos especialmente críticos».

Con la figura retórica de escudarse en opiniones ajenas, los líderes parlamentarios del PSE sostienen que «son varios los autores y diversos los estudios que denuncian la `pérdida de calidad de la autonomía' en Euskadi ocasionada por la colisión y la invasión de competencias que se produce entre el Gobierno vasco y las Diputaciones Forales y, por supuesto, entre éstas y los ayuntamientos. Efectivamente, esta colisión y duplicidad se da sistemáticamente en sectores como la asistencia y los servicios sociales, la agricultura y la ganadería o en la promoción económica y el turismo, lo que, unido a una falta palmaria de liderazgo y de armonización en las políticas, ha provocado desajustes muy importantes».

Y ponen varios ejemplos de desigualdades por territorios como que «a día de hoy, algunos ciudadanos de Gipuzkoa tienen hasta un 250% menos de cobertura en asistencia social que un ciudadano igual de vasco pero que viva en Gasteiz».

La conclusión que extraen es la necesidad de abordar la reforma del entramado institucional autonómico, lo que denominan «autogobierno hacia adentro», porque «la Euskadi del siglo XXI no puede depender de nuestra historia pasada, sino del proyecto de futuro con el que consigamos ilusionar a la sociedad».

EA: «Construcción nacional»

En su último congreso, Eusko Alkartasuna ha vuelto a abordar esta cuestión que, como recuerda, «fue un detonante importante de la crisis política que culminó con el nacimiento de EA y una de sus principales señas de identidad». Así que esta formación considera que la necesidad de buscar la «racionalización y eficacia» de la administración, dentro de un proceso de «austeridad en el gasto corriente improductivo», es uno de los elementos que invitan a la revisión de la LTH, pero no el más importante.

Para EA, éste no es un problema de modelo administrativo centralizado o descentralizado, sino una cuestión política previa: la convicción de que «no se puede configurar una nación ni un estado con instituciones y poderes debilitados por pretensiones provinciales o territoriales en constante competencia o desgaste».

A su entender, cuando en el periodo constituyente, a falta de la asunción del derecho de autodeterminación, las reivindicaciones de autogobierno se refugiaron en el reconocimiento de los derechos históricos, nadie pensó que fuera para reforzar las diputaciones, sino para que esos derechos los ejerciera «el pueblo vasco constituido en comunidad y sus instituciones representativas: parlamento y gobierno». Por eso, lo que pretende EA es «plantear una propuesta de organización institucional» de la CAV «que favorezca la construcción nacional vasca».

PP: «Injerencias de Lakua»

También el PP contempla en su programa la necesidad de reformar la LTH, pero mientras PSE y EA piensan en reforzar las instituciones comunes, el partido de Antonio Basagoiti considera que «las duplicidades en el gasto y la ineficacia administrativa» son culpa de que «en la última década hemos asistido a una injerencia del Gobierno Vasco tanto en competencias forales como municipales». A esto añade que «el mal reparto de los fondos derivados del concierto económico ha primado al Gobierno Vasco, que se queda con el más del 70%, mientras que Diputaciones y Ayuntamientos se reparten menos del 30%»

Por esa razón, el PP propone «realizar un catálogo de competencias que defina entre los tres niveles institucionales las de cada uno de ellos» y «la reforma de la LTH y de la Ley de Aportaciones, garantizando las competencias forales y municipales, así como la suficiencia financiera de los tres niveles».

Aunque tanto PSE como PP proponen en sus programas la reforma de la LTH, este punto quedó fuera del pacto de «Bases para el cambio» firmado para que Patxi López accediera a Ajuria Enea, porque cada uno define un modelo de comunidad incompatible con el del otro.

Por su parte, el PNV, que en la actualidad controla las tres diputaciones, no recoge en su programa ninguna propuesta de cambio en el modelo institucional. El pasado año, con motivo del 25 aniversario de la aprobación de la LTH, la fundación Sabino Arana invitó a los tres diputados generales a abordar la cuestión y los tres coincidieron en que el modelo era satisfactorio y había funcionado, aunque podrían darse correcciones a favor de los territorios históricos.