La Comunidad Autónoma Vasca, un territorio de apenas 7.234 km2 -menor que la Región de Murcia o el Principado de Asturias- y poco más de 2,1 millones de habitantes, cuenta con cuatro gobiernos (Lakua y las tres diputaciones), cuatro parlamentos (el de Gasteiz y las tres JJGG) y cuatro haciendas, aunque sólo tres tengan capacidad recaudatoria directa. Y cada marco institucional tiene sus propias competencias exclusivas, excluyentes o compartidas. Si a esto añadimos la realidad institucional de Nafarroa Garaia y la falta de órganos comunes en Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea, además de la división en dos estados, queda claro que Euskal Herria es una nación realmente compleja.

La actual crisis económica y la necesidad de garantizar la máxima eficacia en el gasto público aparecen como un buen momento para abrir un debate sobre el modelo institucional interno y el reparto competencial que desde la aprobación de la LTH en 1983, tan traumática para el PNV, parece prohibido en la CAV. Probablemente, hoy muchos abertzales de izquierda estarán de acuerdo con la frase que el entonces parlamentario de Euskadiko Ezkerra Xabier Olaberri pronunció en el Parlamento de Gasteiz: «Los luchadores que yo conozco no dieron su vida por las diputaciones, sino por un ideal, el de la nación de Euskadi». Y también por ello resultan atractivas las ideas expuestas por EA que, más allá de cuestiones administrativas, reclaman la fortaleza de un gobierno cuando se aspira a crear un estado independiente. Sin embargo, si el debate se aborda mirando al conjunto de Euskal Herria, también se intuye que, si se tiene como objetivo la unidad territorial, ésta habrá de darse bajo algún tipo de organización institucional federal o confederal.

Y, por otra parte, si es cierto que el momento económico puede invitar a abrir el debate sobre la LTH en el Parlamento de Gasteiz, la excepcionalidad política de esta legislatura aconseja no cerrarlo. Con la exclusión de la izquierda abertzale, la mayoría de votos que suman PNV y PP podría dar como resultado una mayor limitación de los poderes comunes y un incremento de las competencias forales.