Amnistía Internacional (AI) afirma que las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto bélico tras la agresión de Georgia a Osetia del Sur siguen impunes.

Al cumplirse un año, ha publicado un informe con el título «Civiles tras la desgracia de una guerra», en el que recopila «pruebas significativas» de que en los cinco días que duró el enfrentamiento militar y en días posteriores se cometieron «crímenes de guerra y contra la humanidad».

Unas 30.000 personas continúan desplazadas. Según AI, la contienda dejó «cientos de muertes civiles, miles de heridos y el desplazamiento de cerca de 192.000 personas».

«Las fuerzas militares georgianas no parece que adoptaran las medidas de precaución necesarias para proteger a los civiles en su asalto a Tskhinvali, capital de Osetia del Sur, en la noche del 7 al 8 de agosto. Docenas de civiles fueron asesinados durante el asalto», a lo que se sumaron importantes daños en infraestructuras civiles por el uso de misiles GRAD, «un arma conocida por la dificultad de que siga una dirección precisa y, por tanto, que no es recomendable utilizar en áreas civiles densamente pobladas».

Denuncia también que en las colonias de mayoría georgiana ubicadas en Osetia del Sur se cometieron «abusos e incluso asesinatos de residentes» cuando el control de la zona correspondía a militares rusos. Lamenta, además, la utilización por las dos partes de bombas de racimo.

Como en los últimos días, ambos países se volvieron a culpar ayer mutuamente de la guerra. Según el ministerio de Exteriores georgiano, fue «el clímax violento de las políticas desarrolladas por Rusia contra Georgia durante muchos años».

Para el ruso, «fue un acto criminal previamente planeado. Las numerosas armas suministradas desde el extranjero en los últimos años crearon en los dirigentes georgianos una ilusión de impunidad y libertad de acción»,