El presidente de Mutriku Natur Taldea (MNT), Rafa Pérez Beristain, indicó ayer que el Ministerio español de Medio Ambiente ha requerido a la Consejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Gasteiz la suspensión «inmediata» de la resolución que autorizaba a la empresa Zeleta (Grupo Amenabar) las obras de la planta de hormigón en la cantera de Sasiola, en Deba.

Pérez Beristain explicó que el pasado 6 de mayo el director general de la Agencia Vasca del Agua, URA, dictó una resolución por la que autorizaba la realización de las obras correspondientes al Proyecto de Ordenación y Mejora de la Planta de Hormigón existente en la cantera de Sasiola, en la zona de la franja de cien metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, «sin tener en cuenta al menos dos informes desfavorables» de la Demarcación de Costas.

Pérez Beristain señaló que MNT denunció este hecho ante el órgano competente en materia de Costas que atendió a la denuncia «requiriendo al Gobierno la suspensión del acto con todos sus efectos».

Por otra parte, afirmó que el Ayuntamiento de Deba, «con la citada resolución favorable de URA», otorgó las licencias de obra y actividad para este proyecto, «teniendo constancia de que existían los informes desfavorables de Costas, con prisas, para favorecer a la empresa promotora, que inició las obras de derribo el pasado 15 de junio y que aún continúan». El presidente de MNT recordó que Zeleta ya ha sido «sancionada en la misma área costera cercana a la cueva de Praileaitz y, por lo tanto, conocía que la instalación de una planta de hormigón en la zona no es un uso permitido por la Ley de Costas».

Ante todo esto, advirtió que la Consejería de Medio Ambiente es la «máxima responsable» y ahora tiene que «resolver este conflicto en el mismo área costera que supuso la paralización de las voladuras y excavaciones en el entorno de la cueva de Praileaitz I», por una resolución «injusta dictada por el anterior director de URA».

También anunció que MNT presentará escritos de denuncia por «posibles delitos de prevaricación ambiental ante el Fiscal» y apeló a la consejería a que «cumpla y haga cumplir la normativa ambiental».