Ni Silvio Berlusconi ni Umberto Bossi se andan con remilgos. Su Gobierno acaba de estrenar con gran orgullo la nueva ley sobre «seguridad ciudadana». Sus efectos ya los han empezado a padecer inmigrantes de Pescara, San Remo, Bolonia o Milán. Su delito, no tener los papeles que la Administración les exige. Imperdonable. Tan grave actitud les puede valer la inmediata expulsión, una multa de entre 5.000 y 10.000 euros o un tiempo máximo de seis meses en un centro de internamiento. Tampoco podrán ni asomarse por las oficinas públicas, así que una madre inmigrante y sin papeles que dé a luz en suelo italiano, por ejemplo, no podrá inscribir a su recién nacido. La cosa podría haber sido peor aún, porque aquellos mismos que montaron en cólera y amenazaron con demandas y cambios constitucionales para impedir que un padre cumpliera el deseo de su hija de morir dignamente querían obligar ahora a los médicos a denunciar a los inmigrantes sin papeles. Al final, aunque sólo fuera para disimular, revocaron ese artículo. A cambio, los osados que se atrevan a alquilar una vivienda a un inmigrante podrán ser castigados con hasta tres años de cárcel.

Así las cosas, alguien le recordó al líder de la Liga Norte el pasado emigrante de los italianos. Pero para Bossi aquellos emigrantes, que lo hacían por necesidad, no son como los de ahora. Ya se sabe que «los italianos iban a trabajar y no a matar gente». En cuanto a Berlusconi, muy preocupado por el bienestar de las familias autóctonas, ha pedido amnistía para los inmigrantes que realizan labores como limpiar portales, casas, cuidar ancianos, niños... Y para completar el menú, ahí están las rondas o patrullas ciudadanas.

Para ser honestos, toda la culpa no es de Berlusconi ni de Bossi, porque cada barbaridad y escándalo son premiados con más votos y de la en otros tiempos pujante izquierda italiana nadie tiene noticias. Y todo esto ocurre en un continente que declara y celebra que hace mucho tiempo se acabó la esclavitud. ¿Seguro?