La polémica abierta por Txentxo Jiménez, coordinador de Aralar en Nafarroa, tras reivindicar su negativa a apoyar a las FSE ha provocado un tenso enfrentamiento verbal con UPN y PSN. Pero, en paralelo, ayer quedó claro que Jiménez expresaba una posición que corresponde en todo caso a su partido -Aralar- pero no a la coalición de la que es parlamentario -Nafarroa Bai-. No es la primera vez que la «doble militancia» de los líderes de estos partidos origina confusiones, ni tampoco la primera vez que se reflejan lagunas a la hora de fijar un diagnóstico común sobre temas de calado.

Tras la polvareda levantada por la afirmación de Jiménez, tanto UPN como PSN arremetieron contra Nafarroa Bai con duros calificativos. Pero ayer, por un lado Txentxo Jiménez admitió que la crítica a las FSE es una postura de Aralar «que intentaremos que sea una posición formal de Nafarroa Bai». Y por otro, Maiorga Ramírez -presidente de EA en el herrialde- emitió una nota en calidad de «portavoz de Nafarroa Bai» en la que detalla cuál es la posición exacta consensuada por la Permanente de NaBai ante «hechos violentos». No hay mención expresa a las FSE, sólo una alusión indirecta que le muestra su apoyo si respetan los derechos humanos.

Cinco criterios

Este documento tiene una explicación de motivos previa: «Nafarroa Bai ha acordado establecer y determinar los principios básicos que han de guiar sus pronunciamientos (...) como consecuencia de los hechos violentos en nuestra sociedad. Son unos principios generales y básicos que, por lo tanto, valen siempe y que suponen un posicionamiento ético, político y social. Estos principios son de aplicación sea quien sea el autor del hecho violento, tanto si es ETA como si es cualquier otra persona o entidad. La razón del acuerdo de establecer estos principios, así como de hacerlos públicos en el momento adecuado, está guiada por el objetivo de evitar la utilización política y propagandística de los hechos violentos para la defensa de determinados postulados partidistas o para la obtención de ventajas políticas, lo que NaBai desaprueba».

A continuación se enuncian los cinco criterios, resumibles así: «Condenar y reprobar el hecho violento»; «mostrar solidaridad a las víctimas, familiares y allegados sociales, políticos e institucionales»; «expresar la defensa de los derechos humanos»; «manifestar la voluntad y compromiso de trabajo con las instituciones y responsables públicos correspondientes en la erradicación y persecución de todo delito e injusticia, siempre dentro del más escupulosos respeto y cumplimiento de los derechos humanos»; y «proclamar el diálogo político y social sin exclusiones como cauce democrátco fundamental».