Después de que el juez Baltasar Garzón declarara de nuevo «ilegales» tres convocatorias en favor de los presos políticos vascos previstas para hoy y mañana en Donostia, entre ellas la encartelada que Etxerat celebra todos los viernes, decenas de familiares indicaron que mantendrán todas sus convocatorias «con toda la legitimidad que nos otorga el ser familiares y amigos del Colectivo de Presos Políticos Vascos». Por consiguiente, decenas de personas marcharán hoy, como todos los viernes del año, a partir de las 20.00 por las calles de la capital.

El movimiento pro-amnistía también denunció los vetos impuestos desde el tribunal especial y animó a la ciudadanía a participar en la manifestación que celebrarán mañana a las 19.00 desde el Kursaal donostiarra. En la nota emitida, expresan su deseo de manifestarse en en pro de la libertad de los presos enfermos, así como de los que han cumplido ya su condena «como cada año y en total normalidad», por lo que solicitan a la Ertzaintza que no intervenga y que se respete el derecho de reunión y manifestación.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que ya había prohibido la mayoría de los actos previstos en favor de los derechos de los presos políticos para las fiestas donostiarras en un auto emitido el sábado, reiteraba estos vetos al mediodía de ayer. El escrito sostiene que estos actos «enmascaran y emulan a otros convocados por el movimiento pro-amnistía, sucedáneo de la ilegalizada Askatasuna».

El juez Eloy Velasco siguió los pasos de Garzón y, por la tarde, emitió otro auto prohibiendo dos actos más en Gernika.

En la comparecencia de ayer tarde, desde Etxerat precisaron que esta «enorme persecución» se enmarca dentro de «un intento de criminalizar la solidaridad y silenciar la denuncia de la criminal política penitenciaria».

Asimismo, el movimiento proamnistía censuró la «situación de excepción» que vive el país y asegura que con el objeto de que los presos «se queden sin amparo» y para que el Colectivo de Presos Políticos Vascos «no sea una refencia», los gobiernos español y francés pretenden «golper al movimiento popular que trabaja en defensa de sus derechos».

La Policía española en Iruñea

Por otro lado, y según denunciaron, la Policía española intentó arremeter contra las concentraciones en defensa de los derechos de los presos en Iruñea.

En el caso del barrio de la Txantrea, los concentrados, más de 70, protestaron en cuatro grupos de 19 personas, para que no lo declarasen ilegal. En Donibane, sin embargo, esperaron a que fueran 20 los concentrados para retirarles la pancarta y proceder a la identificación de los participantes. En Alde Zaharra fueron 35 los movilizados.