Si agosto es el mes vacacional por excelencia, la semana que hoy concluye marca el apogeo festivo en Euskal Herria, al confluir las semanas grandes de Donostia y Bilbo y otras muchas celebraciones. Pero la fiesta ha quedado este año en segundo plano informativo, y es que este escenario tan esperado durante los doce meses anteriores ha sido el escogido por los poderes del Estado español (fiscales, jueces, gobiernos, partidos como PSOE y PP y grupúsculos de ultraderecha) para ejercer de aguafiestas.

La escalada ha alcanzado esta semana a pancartas (Gasteiz), bares (Iruñea), batucadas (Lizarra), pregones (Gernika) o txupineras (Bilbo). Con este listado, el asunto sería para tomarlo a risa si no fuera porque tras estas acometidas llegan los vetos de la Audiencia Nacional, las citaciones, las detenciones o las amenazas con bala.

Con esta peculiar kale borroka, el PSOE lanza un mensaje que verbalizó el viernes Patxi López al cumplirse cien días de su llegada a Ajuria Enea montado en el tren de la ilegalización: «No vamos a parar hasta desterrarles de las calles». Ni siquiera los padres y madres de los presos van a ser respetados. Ante afirmaciones como ésa, poca duda cabe de que el calificativo de apartheid dado a esta situación hace ya unos años, y que algunos pudieron considerar excesivo, resulta muy real en este 2009.

Al inicio de esta década, a los miembros de la izquierda abertzale se le retiró el derecho al voto libre. Cuando la ilegalización de formaciones resultó ya insuficiente, se les denegó además la posibilidad de ejercer sus derechos individuales supuestamente inviolados para, por ejemplo, convocar manifestaciones. Y ahora se les quiere impedir también lanzar txupinazos de fiestas, hacer pancartas críticas o entrar en ciertos bares. No parece lejano el día en que, como en Alabama en los años 50, se decrete que quienes no condenen a ETA tengan que ceder el asiento del autobús a quienes sí lo hacen.

Hay vida en la calle

Estas situaciones podrían servir para alimentar el victimismo, pero Euskal Herria pide respuestas más constructivas. Para empezar, porque queda claro que quien lleva la batalla de los símbolos a recintos de txosnas o cuadrillas de fiestas, quien frente a movilizaciones pacíficas no tiene más réplica que cargas policiales, no hace más que evidenciar su debilidad argumental.

A lo largo de este verano, los respectivos gobiernos han puesto en la diana a colectivos populares de tanta tradición y éxito popular como las peñas de Iruñea -dos de sus pancartas fueron denunciadas-, las cuadrillas de Gasteiz -una tela fue requisada, además de un coche festivo- o la txupinera de Bilbo -puesta en la diana por un mero parentesco-.

Es algo más que una paranoia. Tras estas figuras se refleja efectivamente que en Euskal Herria hay una masa social crítica, inequívocamente abertzale, de izquierdas y demócrata, que impregna también las expresiones festivas y cuya actitud resulta intolerable para unas instituciones dispuestas a llevarse todo por delante. Persiguen, sin embargo, un imposible. El ejemplo de Iruñea es clarificador: la ciudad, con sus peñas en primera línea, sufrió una agresión policial sin precedentes en 1978. Han pasado 31 años desde entonces, toda una generación, y existe una cierta percepción general de que el marco impuesto en aquellos años está más asentado. Sin embargo, las peñas continúan expresando reivindicaciones que enlazan muy directamente con las de hace tres décadas. Y la única respuesta que reciben es la de Patxi López: «Desterrarles de la calle».

El márketing y la democracia

Pero la razón principal contra el fácil victimismo es que la ofensiva resulta más propagandística que otra cosa. No hay más que ver que primero se lanzó el ataque en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, con el fin de que Patxi López recogiera los réditos de imagen («llega el cambio») otorgados gratis et amore por su amplísimo coro de medios de difusión ante la opinión pública española, que no vasca. Una vez cumplido ese objetivo es cuando se ha activado también en Nafarroa.

El PSOE sigue considerando que ante cualquier escenario posible de futuro siempre es mejor que la izquierda abertzale aparezca como un colectivo debilitado, exhausto, con la bandera blanca levantada, aunque sea una falacia. Ese es el sentido de esta operación de márketing. Parece reveladora la insistencia en propagar la idea de que no soportará otra legislatura de ilegalización tras 2011, como ha hecho esta semana la portavoz de Lakua, Idoia Mendia. La afirmación no casa con ningún dato objetivo, porque lo cierto es que la izquierda abertzale llevará para entonces ocho años proscrita pero sigue muy viva en la calle y en las elecciones, como demuestran sus éxitos palpables en las escasas ocasiones en que sí ha encontrado un resquicio hasta las urnas, aunque fuera muy en precario: autonómicas de 2005, algunas municipales de 2007 y europeas de 2009.

Otra cosa es que la izquierda abertzale, claro está, no puede conformarse con este escenario, y de hecho no lo hace. En realidad, es esa mayoría social vasca invisible y criminalizada quien no debe resignarse al bloqueo. Las enseñanzas de este enésimo verano convulso deberían ser un acicate para exigir menos propaganda y más política. Y que el 2010 sí sea un verano de fiesta.