Barrer a la izquierda abertzale del mapa, asfixiarla de manera judicial, policial y social, apestarla en la vida pública y cotidiana, es el objetivo del Gobierno, sostenido en esa guerra contra ETA por la oposición del PP, un partido en el que, por cierto, reina la desvergüenza y la corrupción, y por la mayoría de los medios de comunicación españoles.

Hace unos días, Ares, ante el rumor de fronda de que desde la izquierda abertzale, ex Batasuna, se está organizando un nuevo partido político para poder acceder a las instituciones, de las que uno detrás de otro están siendo expulsados los cargos que habían sido electos, advierte, esto es amenaza, con no dejar respirar a ningún partido de intenciones soberanistas.

Las pretensiones y la misma manifestación de esas ideas soberanistas, independentistas están proscritas. Hasta quienes las tenían en sus programas electorales o fundacionales se las callan y las guardan para mejores tiempos.

Si se repara en detalles como éste resulta difícil creer que haya siquiera un lejano movimiento de aceptación a que esa izquierda abertzale participe en las instituciones, de manera pacífica, una vez que condenara de manera expresa los crímenes de ETA en cumplimiento de un artículo de una ley que desconozco. Esa izquierda independentista y radical, independentista y soberanista, proclive a los grandes órdagos, aquí y ahora, molesta en un panorama político como el actual. (...)

Pueden tomar más medidas, por lo que a medios que aseguran el derecho a la libertad de expresión se refiere. Ya lo han hecho en otras ocasiones. Es cuestión de tiempo porque tienen asegurado un apoyo ciudadano mayoritario e incondicional. No hay oposición alguna digna de ser tenida en cuenta a sus medidas contra el terrorismo y su entorno civil. (...)

Prohibiendo carteles no se suprime aquello a lo que los carteles, las pancartas, las pegatinas o los estampados de las camisetas hacen referencia.

Las cuestiones de fondo están ahí presentes: hay presos de ETA, muchos, y gente que les apoya de manera expresa, hay aspiraciones políticas de corte soberanista e independentista, hay rechazo a la actual configuración del Estado español y a la idea misma de España, y hay un número importante de ciudadanos que se niegan a dejar de dar cobertura a ETA o a condenar los crímenes de esa organización terrorista, en una esgrima verbal que de sutil no tiene nada. Esas prohibiciones, a la corta y a la larga, van a redundar, por fuerza, en la radicalización de militantes y simpatizantes de Batasuna, que es el fantasma político que asoma detrás de las actuaciones fiscales, judiciales y policiales.

El Estado está demostrando ser más fuerte que la izquierda abertzale por lo que a prohibiciones se refiere, y estar preparado de manera sólida y eficaz para asfixiar a quien se opone a sus reglas de juego constitucionales, pero es de temer que sea eso, una cuestión de fuerza buena para mantener un estado permanente de represión, pero no para conseguir una efectiva pacificación. (...)