Dos informes casi simultáneos, uno de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y otro de Human Rigths Watch (HRW), vuelven a poner sobre papel las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos bajo ocupación israelí.

En sus conclusiones, Pillay denuncia la «casi total impunidad» de las fuerzas militares israelíes y pone como ejemplo las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, la demolición de casas y la expansión de las colonias y los controles.

A modo de recomendación, pide al Gobierno israelí que levante el bloqueo de Gaza y las restricciones en Cisjordania.

Dos días antes, HRW afirmó tener pruebas de que al menos once palestinos desarmados, entre ellos cuatro mujeres y cuatro niños, fueron abatidos pese a llevar una bandera blanca.

Su petición de investigación no parece que vaya a progresar, ni siquiera a empezar. Al Gobierno de Benjamin Netanyahu no se le ve muy preocupado por estas denuncias, que no van más allá de un informe. Pese a que cumplen su función de documentación, los palestinos necesitan acciones más audaces y efectivas para frenar tanta impunidad.

Una de ellas podría ser, por ejemplo, un embargo internacional de armas a Israel, como el que se aplica a Corea del Norte o a Myanmar.

Con ello, claro, países como EEUU o el Estado español perderían grandes beneficios, ya que el mercado israelí es uno de los más jugosos.

Otra de las medidas podría ser la negación de visas. Y la más directa, dar legitimidad y voz al pueblo palestino y a todos sus representantes.