Ares y Rubalcaba, responsables de Interior, dicen hablar en nombre del Gobierno del PSOE y del estado de derecho, sin advertir que en realidad pueden estar hablando en nombre de la socialdemocracia española asesina y de un Estado español de derecho criminal. Ésta es la cuestión. En España sigue oliendo a podrido.

Hace casi quince años, en la revista «Interviú» (nº 1.009, agosto-septiembre 1995), José Cavero escribió un artículo que titulaba: «El caso del presunto GAL González» y que decía así: «...en el que aparece como presunto peligrosísimo terrorista el mismísimo jefe del gobierno». «El `Caso del presunto GAL González' está ya centrando la vida pública de la nación y está reduciendo todos los asuntos a uno solo: qué dice Garzón, qué dirán los magistrados del Supremo». En el mismo número de la revista puede leerse: «Rodrigo Rato tiene clarísimo que, en materia del GAL, existe una responsabilidad gravísima de González y de su gobierno».

Catorce años después, en 2009, Felipe González todavía vive y aún no ha sido procesado. El cínico Alfonso Guerra, como vicepresidente del Gobierno español, afirmó en comparecencia pública ante los medios de comunicación que el asesinato del Doctor Santiago Brouard fue «un ajuste de cuentas». La Ejecutiva Federal del PSOE -con la única oposición de Ignacio Bustelo- aceptó la activación del GAL. Otros militantes compartieron la posición de Bustelo, como es el caso de Joan Garcés, miembro de la corriente Izquierda Socialista. Generales como Sáez de Santamaría, Casinello y Galindo, junto a coroneles, comandantes, capitanes y policías han reconocido la práctica terrorista del Estado español a través de la ATE, la triple A, el Batallón Vasco-español o el GAL, con torturas, asesinatos, desaparecidos y detenidos. Hechos reiteradamente denunciados por Amnesty International y/o por el relator de Naciones Unidas. Crímenes del Estado español y de la socialdemocracia española del PSOE de Ares y Rubalcaba. ¿Del estado de derecho? ¿De qué Derecho?

Elena Valenciano, de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, responsable de Política Internacional y Cooperación, afirma el 7 de agosto de 2009 que «el PP es un partido corroído por la corrupción». El 6 de agosto el PP dice que «España vive un estado policial». ¿Un estado policial de derecho? ¿Un estado criminal y policial de derecho?

Míster X -jefe del GAL- quedó pendiente del poder judicial, de Garzón, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero el GAL de la monarquía, de Felipe González y de la socialdemocracia española ¿es del estado de Derecho? Silencio judicial.

Corrupción por todas partes en el estado de derecho. Prado y Colón de Carvajal, asesor financiero del rey, está en libertad por enfermedad y siguen sin aparecer los millones de dólares de los barriles de petróleo de De la Rosa y Emiratos Árabes.

La comisión de Blusas de las fiestas de Gasteiz, investigada por la Policía del estado de derecho; de forma más brutal en Donostia con personas de toda edad apaleadas, detenidas y encarceladas. ¿Qué harán en Bilbo?

Ares y Rubalcaba deberían embozarse el cucurucho del Ku Klux Klan y dejar de nombrar, siquiera conceptualmente, el estado de derecho.

Las consecuencias de la lucha de ETA están al orden del día. Los presos políticos vascos giran en torno al millar. El diálogo y la negociación sobre el conflicto político deben imponerse, cuanto antes mejor, sobre las victorias o derrotas respectivas.