Manifestarse tras el lema «Por la libertad de expresión, democracia» tampoco es permitido por el Departamento de Interior de Lakua, que anunció ayer que veta también el acto promovido por ciudadanos de Bilbo y comparsas. Antes, tanto esta instancia como dos entes judiciales diferentes -la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- habían prohibido otra manifestación por la independencia y por el cambio político y social, dado que sus convocantes eran miembros de la izquierda abertzale.

Alguien tan poco sospechoso como el alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna (PNV), había aceptado segunda convocatoria como «demócrata», pero el departamento que dirige Rodolfo Ares está decidido a batir todas las marcas de prohibiciones de actos. Argumentó en una nota que la iniciativa, pese a tener convocantes y mensajes distintos, es «continuidad» de la vetada en primer lugar.

«Nadie puede ignorar que el lema de la segunda manifestación comunicada para mañana en Bilbao esconde un caso de evidente utilización fraudulenta del derecho de reunión», indicó en un comunicado. Citó como «similitudes» el horario -pese a que la primera estaba prevista a las 12.00 y la segunda a las 13.00- y el recorrido -la primera partía de la Plaza Elíptica para llegar hasta el Ayuntamiento y la segunda iba de Zabalburu a la Plaza Circular-.

«A la vista de que la segunda manifestación incide básicamente en los mismos planteamientos de horarios, similares recorridos y objetivos finales que la manifestación anteriormente prohibida, debe ser considerada continuidad de la misma y, por tanto, prohibida», dice el Departamento de Interior del Gobierno de Patxi López.

La nota va más allá y deja clara su voluntad de cargar, como ya ocurrió cuatro veces en Donostia o el pasado domingo en Gernika. Según su terminología, la Ertzaintza adoptará «las medidas necesarias para impedir que se vulnere la ley. Si, como ha ocurrido en otras ocasiones, los intolerantes y los violentos pretenden mantener su desafío, se demostrará una vez más que lo que quieren es el enfrentamiento y se tomarán las medidas oportunas para evitarlo, además de trasladar las correspondientes diligencias a la autoridad judicial».

En este contexto, destaca que el Gobierno de Lakua haga un llamamiento a la ciudadanía para que «entienda» y «colabore» con la Ertzaintza, de la que dice que «cumplirá con su obligación de actuar en defensa de la legalidad». Las alusiones parecen responder a las críticas institucionales recibidas por la brutal actuación de Gernika, así como a las protestas vecinales producidas en Donostia, donde las diversas cargas han dejado numerosos heridos cuya existencia ha sido obviada por la práctica totalidad de los medios y por el Departamento de Interior de Lakua.

Paralelamente a este veto, se conocía que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasca avalaba también la prohibición de la primera manifestación. Para ello esgrime que el convocante real no es quien tramitó la solicitud, sino tres miembros de la izquierda abertzale: Arantza Urkaregi, Dabi Alonso y Marta Pérez. Este dictamen era irrelevante toda vez que el juez especial Baltasar Garzón ya había emitido su propio veto desde Madrid.