Asistimos a una degradación acelerada del espacio público, de su uso y ocupación. ¿Cómo calificar la carga de la Ertzaintza contra familiares de presas y presos políticos por portar una pancarta con el lema «errepresaliatu guztiak etxera»? ¿A quién se le puede ocurrir, a estas alturas, que las movilizaciones de Etxerat forman parte de los circuitos de transmisión de la propaganda de ETA?

El espacio público es un lugar para la sociabilidad y la socialización, conformado a través de encuentros y desencuentros, de consensos y disensión, de confluencias y distanciamientos. En definitiva, de comunicación y expresión de los diferentes puntos de vista, aunque éstos sean antagónicos.

La libertad de expresión no debería estar definida según los criterios éticos establecidos por la Audiencia Nacional. Las reivindicaciones de Etxerat se inscriben en los procesos naturales de comunicación y expresión en nuestro país. Las medidas represivas contra ese colectivo constituyen una forma de censura ideológica, cuyo objetivo es movilizar a la opinión pública, reduciendo y deformando su visión de la realidad. Quienes gobiernan saben perfectamente que la despolitización del conflicto y la criminalización de numerosos colectivos no les otorga más legitimidad moral. Y las actuaciones de Etxerat no suponen una vulneración del ethos democrático. Etxerat no promueve el odio ni ejerce el terror. Lo saben muy bien en Lakua y en la Moncloa, en Arkaute y en la Audiencia Nacional. Aunque los poderes públicos prefieren administrar verdades a medias, queriendo ofrecer la apariencia de un consenso que no existe.