Ya antes de las reuniones de la misión de la OEA con diferentes interlocutores que comenzaron ayer, no se preveía avance alguno. La misión de la OEA fue vista como un «último esfuerzo» tanto por los partidarios del presidente legítimo, Manuel Zelaya, como por el gobierno de Roberto Micheletti, si bien las salidas a la crisis propuestas por cada uno de ellos son opuestas. Antes incluso de la llegada de de la misión a Tegucigalpa, tanto el gobierno golpista como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron varios puntos de la tibia propuesta de la OEA, presentada por mediación del presidente costarricense Oscar Arias. Los golpistas no están dispuestos a aceptar ningún acuerdo que contemple el regreso -si no es para que comparezca ante la justicia- de Manuel Zelaya. Esa postura del gobierno ilegítimo, que desde el ultimátum internacional ha alargado la situación, revela una seguridad sólo comprensible con un poderoso aval como es la ambigua postura en público, pero apoyo real, de Estados Unidos. No se puede perder de vista, en cualquier caso, que las incesantes movilizaciones contra el gobierno golpista son el mejor indicador del descontento popular con lo que Micheletti y la CSJ -plenamente implicada en el golpe, toda vez que dio la orden a las fuerzas armadas de detener y expulsar de Honduras al presidente legítimo- denominan «sucesión constitucional».