He tratado de leer con desasimiento y consecuentemente con una intención objetiva las declaraciones del ministro de Justicia del Gobierno español, Sr. Caamaño, acerca de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya, recurrido adversamente por el Partido Popular. El ministro socialista transmite en esas declaraciones una cierta «inquietud» por la tardanza del veredicto, que lleva tres años en el telar de los magistrados. La inquietud del ministro se deriva, según indica, de que «la sentencia del Estatut marcará el futuro del Estado de las Autonomías y hacia dónde pueden o no pueden evolucionar». El Tribunal Constitucional decidirá, pues, el margen de soberanía que le queda al pueblo en materia tan fundamental como es la forma de estado. Ante tal situación cabe concluir, ya en un primer acercamiento al problema, que la Constitución viene a ser un intocable molde pastelero manejado por un chef que no responde de su obra desde la tribuna legislativa. A mí esta ojeada inicial me deprime profundamente como ciudadano. Pero vayamos por partes. Vivir la democracia en España es algo semejante a comer arroz con palillos chinos.

Lo que produce asombro en el discurso del ministro es que en otro pasaje de sus reflexiones advierte que, dado el modelo autonómico establecido en 1978, España «siempre va a vivir tensiones entre el centro y la periferia, como cualquier Estado de tipo federal». Las palabras del Sr. Camaño nos descubren algo sorprendente: que el Estado español es federal. El descubrimiento es súbito. La ciencia política generalmente admitida sostiene que un estado federal se constituye previa la concurrencia de naciones que acuerdan un régimen compartido de poder que se caracteriza por la cesión de su soberanía en asuntos concretos y no por la obtención de esos poderes mediante su entrega desde el centro. El estado federal es constitutivo, no preexistente. Es decir, los poderes de los cedentes tienen su propia sustancia y no fluyen de la Constitución federal, sino que la conforman y le dan vida. Seguramente el ministro olvidó estas elementalidades, ya que sus estudios de Derecho tienen una cierta antigüedad.

Tras decir lo anterior, el Sr. Camaño prosigue su ilustración en la materia y añade que «habrá ciclos en los que por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado. Esta es la forma de vivir democrática de nuestro sistema». Deslumbrante.

En primer término necesita una aclaración eso de que «el Estado se hará...». La simplicidad de estas palabras ministeriales produce un inevitable vértigo teórico. Entraña la locución citada que el estado es un ente con vida propia, esencial y posibilidad múltiple que no deriva de la ciudadanía que lo integra y lo fabrica. Si fuera cierto lo que dice el ministro, habría que concretar cuándo y cómo el estado decide per se ser más o menos centralista o comportarse más o menos descentralizadamente. Ahí el Sr. Camaño abre un gran e inédito debate sobre qué es el Estado. Si mi interpretación de las palabras ministeriales es acertada, el ministro habla de un estado con vida propia y absoluta, que puede confundirse con lo que en la Edad Moderna se denominaba la Corona. Solamente teniendo a la vista un estado preestablecido y con vida excluyente puede mantenerse que constituye un poder de acogida y comportamiento variable y no un poder derivado de la voluntad popular, única medida de sí misma.

Por otra parte, nos encontramos con algo que puede llevárselo el viento en cualquier momento. El Sr. Camaño afirma que los ciclos centralistas o de descentralización del Estado dependen de circunstancias económicas, sociales o políticas. Añadamos, pues, al Estado la nota de evanescencia en cuanto a su forma o sustancia, que pasa por adoptar variables camaleónicas en cuanto crea verse afectado por circunstancias adjetivas y supongo que muy frecuentemente cambiantes en el tiempo, como son las sociales, las económicas o las políticas. Téngase en cuenta que el ministro de Justicia no habla de algo tan serio como un cambio de forma en el Estado debido a un giro histórico de la ciudadanía, sino que se refiere, creo, a que el Estado procederá con una circunstancialidad que pone en manos de quienes lo manejan toda su existencia. Así el Estado será federal, semifederal, centralista, autonomista o de media pensión según lo crea el gobierno correspondiente y en el minuto más inesperado.

Por lo que hace a los conceptos de centro y periferia, se ve claramente que el ministro no habla con severidad doctrinal sino desde la torre de control que Madrid supone respecto a Euskadi y Catalunya, lo que convierte sus palabras en una herramienta de acción imprevisible para mantener una existencia ordenada y estable. En un Estado rectamente fundado en la libertad hablar de centro y periferia equivale a establecer y calificar de inicio el centro como sede primada, lo que sigue situándonos ante una concepción del Estado muy aproximada a la que tenían los Reyes Católicos, que son esos monarcas inacabables que gobiernan España. La periferia siempre es, semántica e ideológicamente, ese entorno que depende del centro, sin el cual la periferia o moriría o pasaría a tener vida propia, en cuyo caso la periferia cobraría independencia y existencia sustancial. Es decir, dejaría de ser periferia.

Yo no sé si el ministro de Justicia ha pensado mucho lo que ha dicho respecto al embrollo de los estatutos, el Gobierno y el Tribunal Constitucional, pero me da el pálpito que el ministro está afectado por lo que en el Sr. Zapatero habríamos de considerar como la insoportable levedad del ser, bajo cuyo lema el Sr. Kundera analiza la inutilidad de la existencia o bien el retorno a una vida que tenga algún tipo de sentido.

En fin, todo este inmenso galimatías de autonomismo, federalismo y centralismo lo remata el ministro con una frase tranquilizadora para los españoles de siempre: que con el Estatut «ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos a los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, que se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad». Algo parecido a lo que durante el Concilio Vaticano el Sr. Mingote ponía en boca de una marquesa madrileña en conversación con una amiga: «No te preocupes, Cecilia, al cielo iremos las de siempre». O sea, que pelillos a la mar y a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga, que más vale un toma que dos te daré, hermano Sancho, que también poco adelanta un perro con un cantazo. Todo depende, claro es, de lo que entendamos por normalidad, que tal como se vive la situación es de un color para los españoles y de otro para la periferia.

Lo expresivo de esta postura es que preocupe tanto a Madrid eso de la unidad de mercado, lo que suena a un proteccionismo anticuado; esto es, a arancel de pequeño imperio interior. En cuanto a que los catalanes no tengan derechos distintos a los de los restantes españoles, trasuda una especie de centralismo agobiante y terco por parte de Madrid, ya que un estatuto no trata de establecer derechos distintos sino derechos propios, lo que es más que un juego de palabras.

Ahora bien, dada esta situación, alimentada por los jueces y los guardias del Sr. Rubalcaba, pregunto si la persecución de los nacionalistas vascos no provocará en éstos una respuesta airada con las subsiguientes descalificaciones de terrorismo o asistencia al mismo. No es admisible un centro soberano y una periferia de plexiglás.