Osalan obliga a Salva Industrial a hacer controles de exposición al amianto
La presencia de amianto en la empresa Salva Industrial de Lezo ha provocado, ante la demanda de dos trabajadores, que Osalan obligue a la dirección de la misma a que realice controles periódicos y específicos para detectar al mineral cancerígeno. Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, pide a los comités que conocen que han trabajado en sus empresas con ese mineral cancerígeno que activen los planes de vigilancia específicos.
Juanjo BASTERRA |
La utilización de amianto en los procesos productivos entre los años sesenta y finales de los ochenta del siglo XX en muchas empresas vascas está teniendo ya consecuencias entre ex trabajadores que contraen determinados tipos de cáncer. Ayer se conoció el último informe de Osalan en el que ha requerido a la empresa Salva Industrial, con sede social en Lezo, la realización de «reconocimientos médicos periódicos a todos los trabajadores con antecedentes de exposición a amianto, siguiendo el protocolo vigente».
Este grupo industrial, que cuenta con filiales en el Estado francés y en Chile, se dedica a la fabricación de hornos, armarios de fermentación y vitrinas, máquinas y accesorios y paneles de mando para panaderías, pastelerías y hostelería. Osalan también requiere a Salva Industrial que remita «la filiación de los trabajadores que pudieron estar expuestos a amianto» y advierte a la empresa de que «cuando dichos trabajadores cesen su actividad por jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa» se notifique «a fin de que se procuren los reconocimientos postocupacionales».
Esta resolución se produce porque los trabajadores Amador Román Checa y Alejandro Aranburu Ugarriza reclamaron, a través de CCOO de Euskadi, una investigación sobre su trabajo en contacto con amianto en la empresa. El informe técnico confirma que los diferentes hornos productivos de la empresa desde 1965 a 1981 contenían elementos de amianto como «cordón en puertas o juntas, tejido controlador de temperaturas y los paneles frontales de los hornos» a los que se les colocaba tableros con amianto. Constata, por otro lado, que a ambos trabajadores del servicio de montaje, «les correspondía la manipulación de distintos elementos con amianto, como el taladrado del frente del horno, entre otros trabajos directos»
El informe de Osalan confirma también que «la actividad con mayor exposición se daba en la empresa del cliente en donde antes de la colocación del productos de Salva Industrial, a los montadores se les exigía el desmontaje de los antiguos, por ejemplo hornos de traslación de distintos fabricantes, como es el caso de Requena, Lago y Llopis, donde la utilización para aislamiento, por aquella época previsiblemente contendría amianto». Por ello, llega a la conclusión de que «los trabajadores solicitantes frecuentaron ambientes con fibras de amianto en Salva Industrial y en otras, especialmente, en sus trabajos de desmontar y demoler hornos antiguos y montaje de los nuevos». Por lo que concluye que, aunque en los exámenes que se realizaron «no se determinaron las concentraciones de fibras de amianto en las instalaciones, pudieron representar un alto riesgo por inhalación».
Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, que tramitó la demanda de los dos trabajadores, señaló ayer a GARA que es necesario que los comités de empresa alerten de aquellos lugares donde se utilizó amianto «para que se puedan llevar adelante los planes de vigilancia de la salud específica del amianto, incluido el control postocupacional, para que la enfermedad profesional derivada del amianto no permanezca oculta y pueda haber una detección precoz para poder garantizar una mejor calidad de vida al trabajador».
El amianto, mineral cancerígeno, se utilizó de forma masiva en los procesos industriales entre los años sesenta y finales de los ochenta, pese a que se conocían sus efectos malignos sobre la salud de las personas. Se obvió porque su aparición se produce entre 15 y 30 años más tarde.
Es necesario que en las empresas haya un control directo de la salud de los trabajadores que han estado o están expuestos a ese mineral cancerígeno para que se pueda lograr una detección precoz para permitir una calidad de vida más adecuada a los afectados.
Juan Cruz Alustiza, de Legazpi, denunció ayer a GARA que Mutualia «se está riendo de mi hermano Rafael, diagnosticado de un mesotelioma pleural maligno -un cáncer irreversible-, porque le niega la incapacidad permanente absoluta. Ha modificado la resolución de la Seguridad Social en ese sentido para convertirla en incapacidad total, cuando sabe que el cáncer que tiene es por su actividad laboral».
Según relató a GARA, Rafael Alustiza entró con 15 años en la empresa Patricio Echevarría, ahora pertenece al grupo CIE Legazpia. Durante los tres primeros años reparó bobinas que contenían amianto. «En el informe de Osalan quedó probado y sin ningún tipo de duda, porque el encargado de mi hermano confirmó su existencia», dijo Alustiza.
En diciembre de 2008, «después de que se prejubiló en febrero de ese mismo año, se sintió mal y acudió al médico. Le diagnosticó el mesotelioma maligno». Este junio pasado, la Seguridad Social resolvió el expediente como incapacidad permanente absoluta, y lo trasladó a Mutualia por ser enfermedad profesional que, de forma oficiosa, sitúa el grado de la incapacidad en total, «aunque no nos lo ha comunicado oficialmente». Ese cambio reduce no sólo las prestaciones económicas al afectado, sino otras mejoras sociales. Por eso, Juan Cruz Alustiza se pregunta «¿a qué espera Mutualia, a la muerte de mi hermano para ahorrarse la pasta?» y agradece «a la asociación Asviamie y a CCOO su apoyo, porque ELA, al que estamos afiliados desde hace 32 años, no lo ha hecho». J. BASTERRA
