Una imagen vale más que mil palabras y eso se pudo constatar ayer en Lizartza. Gran parte de los habitantes del pueblo posó ante los medios de comunicación para arropar a su convecina Kontsuelo Agirrebarrena, de 61 años de edad, que será encarcelada de manera inminente por denunciar el apartheid político que vive Euskal Herria y, en especial, su localidad.

Cerca de 250 vecinos, en un municipio que cuenta con unos 600 habitantes, comparecieron ante la prensa para convocar, a título personal, una manifestación que el próximo domingo denunciará en silencio esta «injusticia que viene en nombre de la justicia» y con la que respaldarán una vez más a Agirrebarrena. Ésta, que se encontraba encabezando la comparecencia, no pudo reprimir las lágrimas y agradeció con afecto el apoyo de sus convecinos, viviéndose momentos emotivos en la abarrotada plaza.

Mientras la comparecencia se desarrollaba a un lado de la iglesia, el resto del pueblo estaba totalmente desierto. Un silencio sepulcral se extendía por los alrededores y los establecimientos mantuvieron la persiana echada mientras duró el acto.

Concretamente, la acusación que pesa sobre ella es un delito de «atentado a la autoridad» y deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión y abonar una sanción económica que asciende a 1.800 euros, por un supuesto «intento» de rozar con el mástil de una ikurriña a una concejala del PP, partido que se hizo con la Alcaldía en 2007 con sólo 27 votos.

Los lizartzarras que secundaron el acto de ayer se mostraron tajantes al manifestar que no admiten la condena impuesta a Agirrebarrena, por lo que garantizaron que harán «todo lo que esté en sus manos» para que no entre en prisión. Alertaron, además, de que lo que le ha ocurrido a ella podría ocurrirle a cualquiera de los habitantes del municipio.

En la masiva comparecencia no pusieron en duda el respeto que se le debe a la justicia, pero quisieron denunciar el «uso interesado que se hace de su nombre». Aclararon, en este sentido, que cuando la «injusticia viene de la mano de la justicia, la ley deja de ser correcta».

Los vecinos congregados quisieron recalcar el contexto en el que se dieron los hechos, en setiembre de 2007, ya que entienden que, si se tienen en consideración, la «injusticia es aún mayor». Y es que Agirrebarrena fue electa en la lista que la izquierda abertzale presentó a las elecciones municipales. Pese al veto impuesto por los tribunales españoles, esta opción cosechó el apoyo de 187 lizartzarras, con los que superó con creces los 27 del PP. Recordaron también que un año después de que el PP ocupara el Ayuntamiento, fueron 400 los vecinos que suscribieron un documento en el que subrayaban la «inconveniencia» de que Regina Otaola -sin ninguna relación con la localidad- fuera su alcaldesa.

En ese contexto se celebró el día grande de las fiestas de Lizartza. Tras las misa, a la que acudieron los ediles del PP, se llevó a cabo la protesta en la que participó Agirrebarrena. En un principio fue acusada de agredir a una edil del PP con la ikurriña, pero luego la acusación se rebajó en el juicio, y en la sentencia quedó limitada a un supuesto «intento». La condena, sin embargo, no varió.

Todos estos acontecimientos, según apuntaron en la rueda de prensa, han generado un ambiente de «inquietud y nerviosismo» en Lizartza, por lo que temen que lo ocurrido con Agirrebarrena se pueda repetir. Cabe recordar que otro vecino de la localidad, Peio Olano, fue juzgado por la Audiencia Nacional española y condenado a dos años de cárcel por «proferir amenazas» contra Otaola.