Aunque lo primero que el juez Baltasar Garzón ordenó el lunes tras su periodo vacacional fue la detención de la ex presa política de Ibarra Maite Aranalde, ayer emitió una orden de busca y captura contra la joven guipuzcoana después de que las FSE no hayan podido localizarla desde hace dos días. Por ello, achacó la responsabilidad de la «huida» de Aranalde a su compañero y sustituto el juez Velasco, que fue quien rechazó la petición de la Fiscalía española para que decretasen el ingreso en prisión de Maite Aranalde, que recuperó la libertad en la noche del jueves tras ser extraditada por el Estado francés, donde cumplió de forma íntegra la pena impuesta.

«No debe olvidarse al respecto que Aranalde huyó de España, que ha sido detenida y entregada por las autoridades francesas y que pertenece a la organización terrorista ETA y, por ende, con posibilidad más que probable de que, en cualquier momento, de estar en libertad, pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado ni expresa ni tácitamente», afirma Garzón en el auto que emitió ayer para ordenar la busca y captura de Maite Aranalde, a la vez que, a renglón seguido, criticaba a su sustituto el juez Eloy Velasco, porque, al entender de Garzón, ya había indicios suficientes para haber dictado el ingreso en prisión de Aranalde la semana pasada.

Permanente control policial

Además, agrega Garzón, «el hecho de que exista una sentencia absolutoria» en el caso de Iker Olabarrieta, que fue acusado como Aranalde de un supuesto delito de «tenencia de explosivos» y por el que fue absuelto, «no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte».

El titular de la sección 5 de la Audiencia Nacional española entiende que «en todo caso, en este momento procesal, el juez debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la Justicia, riesgo que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional de la misma».

Y es que aquella absolución fue por lo que el juez Velasco rechazó la petición de la Fiscalía para encarcelar a Aranalde, a lo que se sumó el «extravío» por parte de París de una euroorden que emitió la Audiencia en contra de la joven de Ibarra, a quien la acusan de colocar bombas en gasolineras de Madrid en el puente de diciembre de 2004.

Desde que el jueves por la noche Maite Aranalde recuperara la libertad, el control policial y la persecución mediática han sido permanentes. Tanto que en la madrugada del viernes la Policía autonómica cargó contra sus familiares y allegados, arrestando a un tío de Aranalde y enviando a un centro sanitario a otro. Desde entonces, los controles policiales y la presencia de los medios ha sido «atosigante», según han denunciado.