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Garzón culpa al juez Velasco de que no hayan podido detener a Aranalde
La Policía española, la Guardia Civil y la Policía autonómica llevan desde el lunes intentando detener a la ex presa política Maite Aranalde, excarcelada el miércoles pasado después de que fuera entregada por el Estado francés. Garzón ordenó el lunes, a su regreso de las vacaciones, la detención de Aranalde, y ayer emitió una nueva orden de busca y captura al apreciar la imposibilidad de las FSE para ello. El magistrado ha responsabilizado al juez Eloy Velasco.
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GARA
Aunque lo primero que el juez Baltasar Garzón ordenó el lunes tras su periodo vacacional fue la detención de la ex presa política de Ibarra Maite Aranalde, ayer emitió una orden de busca y captura contra la joven guipuzcoana después de que las FSE no hayan podido localizarla desde hace dos días. Por ello, achacó la responsabilidad de la «huida» de Aranalde a su compañero y sustituto el juez Velasco, que fue quien rechazó la petición de la Fiscalía española para que decretasen el ingreso en prisión de Maite Aranalde, que recuperó la libertad en la noche del jueves tras ser extraditada por el Estado francés, donde cumplió de forma íntegra la pena impuesta.
«No debe olvidarse al respecto que Aranalde huyó de España, que ha sido detenida y entregada por las autoridades francesas y que pertenece a la organización terrorista ETA y, por ende, con posibilidad más que probable de que, en cualquier momento, de estar en libertad, pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado ni expresa ni tácitamente», afirma Garzón en el auto que emitió ayer para ordenar la busca y captura de Maite Aranalde, a la vez que, a renglón seguido, criticaba a su sustituto el juez Eloy Velasco, porque, al entender de Garzón, ya había indicios suficientes para haber dictado el ingreso en prisión de Aranalde la semana pasada.
Permanente control policial
Además, agrega Garzón, «el hecho de que exista una sentencia absolutoria» en el caso de Iker Olabarrieta, que fue acusado como Aranalde de un supuesto delito de «tenencia de explosivos» y por el que fue absuelto, «no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte».
El titular de la sección 5 de la Audiencia Nacional española entiende que «en todo caso, en este momento procesal, el juez debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la Justicia, riesgo que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional de la misma».
Y es que aquella absolución fue por lo que el juez Velasco rechazó la petición de la Fiscalía para encarcelar a Aranalde, a lo que se sumó el «extravío» por parte de París de una euroorden que emitió la Audiencia en contra de la joven de Ibarra, a quien la acusan de colocar bombas en gasolineras de Madrid en el puente de diciembre de 2004.
Desde que el jueves por la noche Maite Aranalde recuperara la libertad, el control policial y la persecución mediática han sido permanentes. Tanto que en la madrugada del viernes la Policía autonómica cargó contra sus familiares y allegados, arrestando a un tío de Aranalde y enviando a un centro sanitario a otro. Desde entonces, los controles policiales y la presencia de los medios ha sido «atosigante», según han denunciado.
El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que las FSE detendrán a Maite Aranalde y achacó su excarcelación a «un error burocrático de Francia. Los primeros que lo lamentan son los franceses». Rubalcaba defendió que «el Estado de Derecho tiene sus reglas y sus normas: los jueces dictaminan cuándo alguien tiene que salir en libertad y los policías cumplen esa orden de los jueces, y los jueces dictaminan cuándo debe ser detenido y los policías cumplen las órdenes; ahora hay una orden del juez Garzón de que detengamos a esta presunta etarra y la vamos a detener».
Aunque reconoció que el fallo principal radicaba en «un error burocrático» de París, el ministro español hizo hincapié en que ello «no significa que la coordinación con Francia vaya mal».
Llamativamente sindicatos policiales como SUP y partidos como el PP también achacaron la responsabilidad de que Aranalde se encuentre en libertad al «error» del Estado francés. «Por ello, del buen trabajo de las FSE y de la Fiscalía cabe esperar que sea cuestión de horas, no de días, que esta persona sea puesta a disposición judicial», apuntaron desde el Partido Popular. GARA