La Fiscalía solicitó ayer una pena de diez euros de multa durante cuarenta y cinco días contra los 29 miembros de Greenpeace acusados de participar en una protesta para pedir el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña a las puertas de esa instalación, el 20 de noviembre de 2008. El montante total de la multa asciende a más de 13.000 euros.

La vista oral se celebró ayer en el juzgado de la localidad burgalesa de Villarcayo, aunque los activistas no asistieron y delegaron su representación en el letrado de Greenpeace, José Manuel Marraco.

El letrado defensor de los ecologistas reclamó la absolución de todos los imputados argumentando que la protesta «no se trata de una falta de desobediencia a la autoridad, como argumenta la Fiscalía, sino de un ejemplo de libertad de expresión totalmente pacífico».

El juicio oral estaba previsto para el 3 de febrero de 2008, pero se suspendió por decisión de la juez de Villarcayo al detectar que no se había citado por error a varios funcionarios de las fuerzas de seguridad que habían intervenido en la protesta.

Durante la protesta de noviembre del pasado año, varias decenas de activistas lograron atornillar un contenedor en uno de los accesos a la central nuclear y se introdujeron en su interior, de donde fueron sacados por la Guardia Civil.

La acción de protesta pacífica de Greenpeace se enmarcaba dentro de la campaña «Yo soy antinuclear» y tenía como objetivo recordar a la opinión pública el compromiso electoral del PSOE de «sustituir de forma gradual la energía nuclear» en el Estado español «por energías seguras, limpias, menos costosas y renovables».