Los diferentes responsables económicos han visto, o han pretendido hacer ver, en cada indicador, positivo o negativo, los brotes verdes de una recuperación que a quien padece con mayor dureza las consecuencias de una crisis en cuya gestación no tuvo responsabilidad alguna se le antoja muy lejana, al menos en lo que a su situación particular concierne. Si bien el modo común de afrontar la crisis ha sido el ingente desembolso de las arcas públicas, no en todos los lugares esas consecuencias han afectado de igual manera. En la Unión Europea, según los datos conocidos ayer, la tasa de desempleo llegó al 9% en julio, si bien el Estado español la duplica, con un 18,5%. También ayer se conocieron los datos sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) hechos públicos por los gobiernos de Lakua, Iruñea y Madrid, que en los primeros siete meses del año han afectado a 70.682 trabajadores en Hego Euskal Herria, una cifra sensiblemente superior a los 62.000 de 1994, cuando se preveía la salida de aquella crisis, lo cual muestra la dimensión de la actual, que ha superado marcas históricas.

Los ERE se revelan así como el recurso adoptado por las empresas para afrontar la crisis. En no pocos casos como medio de «sanear» sus plantillas en condiciones ventajosas. Aprovechar la crisis, que conlleva una penosa situación para los trabajadores, dramática en no pocas familias, para deshacerse de los trabajadores «no rentables» a costa del erario público no se corresponde con la imagen habitualmente promocionada del abnegado empresario. Tampoco el hecho de que muchos ERE acordados con los trabajadores son en realidad fruto de la disyuntiva a la que abocan a estos últimos de aceptar el expediente de regulación o el despido.

Si esta cruda y además injusta situación resulta sangrante, más aún lo es la complicidad de las administraciones, que han resuelto a favor de algunos expedientes de regulación en empresas que habían obtenido beneficios multimillonarios, incluso en el momento de presentar el ERE.