Ni el PP cree a Rubalcaba cuando dice que no hay escuchas ilegales
Los casos de corrupción que acorralan al PP han derivado en que el mayor partido de la oposición española y gobernante durante ocho años acuse al Gobierno del PSOE de «escuchas ilegales» a sus dirigentes. La declaración del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que «en España no se hacen escuchas ilegales», no convence al PP, que recuerda que también dijo en su día que «el GAL no existe».
GARA |
Después de que Alfredo Pérez Rubalcaba insistiera el martes en que no existen las escuchas ilegales que han denunciado los dirigentes del PP, la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, recordó ayer que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «es la misma persona que, mirando a la televisión y delante de toda España, dijo a todos los españoles que aquello de `el GAL no existe'».
El llamado «Caso Gürtel» y otros que parecen implicar al PP en tupidas redes de corrupción, comisiones, tratos de favor y financiación ilegal, también han conllevado que este partido esté sufriendo en sus propias carnes actuaciones gubernamentales o paragubernamentales que desde hace décadas vienen padeciendo otros sectores políticos -y que los padecieron también cuando el PP gobernaba- como los juicios paralelos, la violación del secreto del sumario o la difusión pública de conversaciones privadas. A esto se suma la acusación del PP de que altos cargos del partido han sido objeto de escuchas ilegales.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó desmentir esta afirmación, pero desde el PP no le creen. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, no sólo recordó ayer que Rubalcaba ya mintió anteriormente siendo ministro en relación con los GAL, sino que añadió que «no es la primera vez que se producen [escuchas] en España y qué casualidad, también fue con el PSOE».
Cospedal hacía referencia a la dimisión en 1995 de dos de los miembros del Ejecutivo que presidía Felipe González, Narcis Serra, vicepresidente del Gobierno, y Julián García Vargas, ministro de Defensa, después de conocerse que el centro de inteligencia, el entonces Cesid, había practicado escuchas ilegales a relevantes personalidades de diferentes ámbitos de la vida pública. Este precedente también fue recordado hace unos días por Mariano Rajoy.
Los juicios paralelos, la violación del secreto de sumario y la difusión pública de conversaciones privadas son habituales en los procesos políticos del Estado español y también lo eran cuando gobernaba el PP.
Alfredo Pérez Rubalcaba no fue sólo el ministro de Presidencia y portavoz que tras cada Consejo de Ministros o cuando tocara se encargó de defender la «inocencia absoluta» de José Barrionuevo y Rafael Vera frente a las acusaciones judiciales por su imputación en el secuestro de Segundo Marey por los GAL, sino que, desalojado el PSOE del Gobierno por el PP, también fue quien en nombre de su partido siguió sacando la cara a ambos ex altos cargos después de que fueran condenados por el Tribunal Supremo.
También fue Rubalcaba quien aseguró que las posiciones de IU y PNV tras aquella condena eran «de siquiatra» y quien puso en duda públicamente la idoneidad del juez Baltasar Garzón para llevar adelante la instrucción.
